En los últimos años, Paraguay ha consolidado un posicionamiento estratégico como destino de inversión en infraestructura, energía y proyectos de asociación público-privada (APP). Este proceso se sustenta en un marco jurídico específico, estabilidad macroeconómica relativa y una creciente necesidad de modernización de servicios públicos, logística y redes energéticas.

Para inversores nacionales y extranjeros, comprender el entramado legal, contractual, fiscal y regulatorio que rige estos proyectos resulta esencial para operar con previsibilidad, mitigar riesgos y estructurar inversiones sostenibles a largo plazo.

Este artículo analiza el régimen jurídico aplicable a las APP, los proyectos energéticos y la infraestructura estratégica en Paraguay, identificando oportunidades reales de inversión y los principales desafíos legales a considerar en 2026.

Infraestructura y desarrollo económico en Paraguay

La infraestructura constituye uno de los ejes centrales del desarrollo económico paraguayo. Sectores como:

  • Transporte y logística.
  • Energía y transmisión eléctrica.
  • Agua potable y saneamiento.
  • Obras viales y urbanas.

presentan una demanda estructural de inversión, tanto pública como privada.

En este contexto, el Estado paraguayo ha promovido distintos mecanismos para canalizar capital privado hacia proyectos estratégicos, destacándose el régimen de Asociaciones Público-Privadas (APP) como instrumento clave.

Régimen jurídico de las Asociaciones Público-Privadas (APP)

El marco normativo de las APP en Paraguay se encuentra principalmente regulado por la Ley N.º 5102/2013 y sus normas reglamentarias, que establecen las bases para la participación del sector privado en el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de infraestructura pública.

Características esenciales del régimen APP

Desde una perspectiva jurídica, las APP se caracterizan por:

  • Distribución contractual de riesgos entre el sector público y privado.
  • Contratos de largo plazo.
  • Mecanismos de retribución vinculados a desempeño.
  • Participación de financiamiento privado.

Este modelo exige una estructuración legal precisa, tanto en materia contractual como societaria y fiscal.

Seguridad jurídica y contratos APP

La seguridad jurídica en proyectos APP depende en gran medida de:

  • La claridad del contrato.
  • La previsibilidad regulatoria.
  • Los mecanismos de solución de controversias.
  • La coherencia entre obligaciones fiscales, aduaneras y regulatorias.

En este punto, resulta relevante la evolución reciente del régimen de arbitraje en Paraguay, que fortalece los mecanismos de resolución de conflictos en contratos complejos y de inversión.

Artículo relacionado: Nueva Ley de Arbitraje en Paraguay: modernización del régimen y seguridad jurídica

Energía como sector estratégico de inversión

El sector energético paraguayo presenta particularidades que lo convierten en un foco de interés para inversores institucionales y estratégicos.

Paraguay cuenta con una de las matrices energéticas más limpias de la región, sustentada principalmente en generación hidroeléctrica, pero enfrenta desafíos en:

  • Infraestructura de transmisión.
  • Diversificación de fuentes.
  • Eficiencia energética.
  • Integración regional.

Marco legal aplicable a proyectos energéticos

Los proyectos energéticos se rigen por un conjunto de normas que abarcan:

  • Derecho administrativo.
  • Derecho corporativo.
  • Regulación sectorial.
  • Derecho tributario y aduanero.

La correcta articulación entre estos ámbitos resulta esencial para evitar contingencias legales y fiscales durante la ejecución del proyecto.

Impacto fiscal y tributario en proyectos de infraestructura y energía

Uno de los aspectos más sensibles en proyectos de infraestructura y energía es su impacto fiscal, tanto en la fase de inversión como en la de operación.

Tributación directa e indirecta

Estos proyectos suelen involucrar:

  • Impuesto a la Renta Empresarial
  • Impuesto al Valor Agregado
  • Tributos municipales
  • Regímenes especiales o incentivos

La planificación fiscal debe realizarse en coherencia con la estructura contractual y societaria del proyecto.

Componentes aduaneros

En proyectos de gran escala, la importación de maquinaria, equipos y tecnología introduce riesgos vinculados a:

  • Valoración aduanera
  • Clasificación arancelaria
  • Fiscalización digital por parte de la DNIT

Artículos relacionados del clúster aduanero:

Inversión extranjera y grandes proyectos

Los proyectos de infraestructura y energía suelen canalizarse a través de vehículos de inversión que involucran capital extranjero.

En estos casos, adquieren especial relevancia:

  • Tratados internacionales de inversión.
  • Estructuración societaria.
  • Protección jurídica del capital.
  • Repatriación de utilidades.

Artículo relacionado: Paraguay y la inversión extranjera: seguridad jurídica, incentivos fiscales y tratados vigentes

Riesgos legales frecuentes en proyectos APP e infraestructura

Desde la práctica jurídica, los principales riesgos identificados incluyen:

  • Deficiente asignación contractual de riesgos.
  • Inconsistencias fiscales y aduaneras.
  • Falta de coordinación entre normas sectoriales.
  • Debilidades en mecanismos de resolución de disputas.

Una evaluación legal integral desde etapas tempranas resulta clave para evitar conflictos posteriores.

Infraestructura, cumplimiento normativo y sostenibilidad

En 2026, los proyectos de infraestructura y energía se enfrentan además a exigencias crecientes en materia de:

  • Cumplimiento normativo.
  • Transparencia.
  • Gobernanza.
  • Sostenibilidad.

Estos factores inciden directamente en la viabilidad jurídica y financiera de los proyectos.

 

Paraguay ofrece oportunidades relevantes en materia de APP, energía e infraestructura, pero su aprovechamiento requiere un análisis jurídico riguroso que integre aspectos contractuales, fiscales, aduaneros y regulatorios.

 

Este tipo de proyectos requiere una estructuración jurídica integral, en Derecho Corporativo, de Inversión y Proyectos Estratégicos, que abarque el análisis corporativo, contractual, fiscal y regulatorio, especialmente en operaciones de inversión de mediano y largo plazo.

La correcta estructuración legal no solo reduce riesgos, sino que fortalece la seguridad jurídica del proyecto y su sostenibilidad a largo plazo.

Desde una perspectiva estratégica, estos proyectos se posicionan como un eje central del desarrollo económico paraguayo y un ámbito clave para la inversión nacional e internacional.

 

Referencias normativas y contextuales:

  • Ley N.º 5102/2013 de Asociaciones Público-Privadas.
  • Normativa tributaria y aduanera vigente (DNIT).
  • Marco regulatorio energético paraguayo.

Introducción

La fiscalización aduanera en Paraguay ha evolucionado hacia un modelo digital, preventivo y altamente integrado con el sistema tributario. Este nuevo enfoque modifica sustancialmente la relación entre los operadores de comercio exterior y la administración tributaria.

Comprender el funcionamiento de la fiscalización aduanera digital y sus implicancias jurídicas resulta clave para operar con previsibilidad y seguridad jurídica.

El nuevo paradigma de fiscalización digital

La DNIT ha avanzado en la integración de bases de datos provenientes de aduanas, facturación electrónica, declaraciones juradas y registros contables. Este modelo permite identificar inconsistencias sin necesidad de controles físicos inmediatos.

La fiscalización se vuelve así permanente, silenciosa y basada en análisis de datos.

Cruce de información aduanera y tributaria

Importaciones y declaraciones internas

Los valores, cantidades y clasificaciones declaradas en aduanas son contrastados con las declaraciones de IVA y renta. Las diferencias reiteradas generan alertas automáticas que pueden derivar en fiscalizaciones formales.

Facturación electrónica y trazabilidad

La facturación electrónica permite verificar la trazabilidad de las operaciones posteriores a la importación, analizando márgenes, precios y coherencia económica.

Principales riesgos legales

Entre los riesgos más relevantes se encuentran ajustes tributarios, sanciones administrativas, bloqueos operativos y afectación de la reputación fiscal. La ausencia de un sistema de compliance aduanero incrementa significativamente estas contingencias.

Compliance aduanero como respuesta jurídica

El compliance aduanero permite anticipar riesgos, documentar decisiones y responder adecuadamente ante requerimientos de la autoridad. Su integración con el compliance tributario es hoy indispensable.

Este enfoque se encuentra alineado con lo analizado en Paraguay 2025: la nueva frontera del cumplimiento tributario.

Impacto en inversiones y comercio regional

La fiscalización digital no solo afecta a operadores locales, sino también a empresas extranjeras que invierten en Paraguay. La previsibilidad fiscal y aduanera se convierte en un factor determinante para la toma de decisiones.

 

La fiscalización aduanera digital redefine el cumplimiento en el comercio exterior paraguayo. Operar con seguridad jurídica exige coherencia, trazabilidad y una visión integrada del riesgo fiscal y aduanero.

Introducción

La valoración aduanera constituye uno de los aspectos más críticos del comercio exterior en Paraguay. Su correcta determinación no solo impacta en la liquidación de los tributos aduaneros, sino que se proyecta directamente sobre el sistema tributario interno, la contabilidad empresarial y la evaluación de riesgos fiscales por parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

En un contexto de creciente integración de datos aduaneros y tributarios, las inconsistencias en la valoración de importaciones y exportaciones se han convertido en uno de los principales focos de fiscalización. Este artículo analiza la valoración aduanera desde una perspectiva jurídica integral, vinculándola con la coherencia fiscal, el compliance aduanero y la prevención de contingencias legales.

La valoración aduanera como pilar del sistema tributario integrado

El valor en aduana es la base imponible sobre la cual se calculan derechos aduaneros, IVA a la importación y otros gravámenes. Pero su importancia excede el ámbito estrictamente aduanero: los valores declarados alimentan los sistemas de información utilizados por la DNIT para realizar cruces automáticos con declaraciones de IVA, impuesto a la renta y registros contables.

Esta realidad exige que la valoración aduanera sea abordada como una decisión jurídica estratégica, y no como una mera cuestión operativa o administrativa.

Marco jurídico aplicable a la valoración aduanera en Paraguay

Paraguay aplica los principios de valoración establecidos en los acuerdos internacionales vigentes, priorizando el valor de transacción como método principal. Cuando este no resulta aceptable, la autoridad puede recurrir a métodos secundarios, siempre bajo criterios de razonabilidad y documentación suficiente.

La carga de la prueba recae en el importador, quien debe demostrar que el valor declarado refleja fielmente las condiciones comerciales reales de la operación.

Errores frecuentes en la práctica aduanera

Omisión de conceptos integrables al valor en aduana

Uno de los errores más habituales consiste en no incluir conceptos que, conforme a la normativa vigente, forman parte del valor en aduana, tales como fletes, seguros, cánones, regalías o ajustes derivados de relaciones de vinculación entre partes.

Inconsistencias entre valor aduanero y registros fiscales

La falta de coherencia entre el valor declarado ante aduanas y los valores registrados en la contabilidad o declarados a efectos del impuesto a la renta constituye un indicador automático de riesgo fiscal. Los sistemas de fiscalización digital permiten detectar estas diferencias con gran precisión.

Uso inadecuado de valores de referencia

La aplicación mecánica de valores de referencia sin un análisis jurídico individualizado puede derivar en ajustes posteriores, especialmente cuando no se documentan adecuadamente las condiciones específicas de la operación.

Coherencia fiscal y cruce de información

La coherencia fiscal implica que los valores declarados en el ámbito aduanero, tributario y contable mantengan una lógica económica consistente. En el actual modelo de fiscalización digital, incluso discrepancias menores pueden generar observaciones, requerimientos y ajustes.

Este enfoque exige una coordinación efectiva entre las áreas de comercio exterior, contabilidad y asesoría jurídica de las empresas.

Impacto en el compliance aduanero y tributario

La valoración aduanera se ha convertido en un componente esencial del compliance aduanero. Un sistema de cumplimiento eficaz debe incluir procedimientos internos de revisión, control documental y análisis de coherencia fiscal, anticipándose a fiscalizaciones y reduciendo contingencias.

Si desea más información este enfoque se complementa con lo desarrollado en el artículo Compliance aduanero y riesgo fiscal en Paraguay y con los contenidos de compliance tributario y planificación internacional.

Consecuencias legales de una valoración incorrecta

Los errores en valoración aduanera pueden derivar en ajustes tributarios, aplicación de multas, intereses y, en determinados supuestos, en cuestionamientos de mayor gravedad. Asimismo, impactan negativamente en procesos de devolución de créditos fiscales y en la planificación financiera de las empresas.

La correcta valoración aduanera es un elemento estratégico para operar con seguridad jurídica en el comercio exterior paraguayo. Su alineación con la coherencia fiscal y el compliance tributario resulta hoy indispensable en un entorno de fiscalización integrada y digitalizada.

El Poder Ejecutivo del Paraguay ha establecido, mediante el Decreto N.º 5154/2025, un régimen excepcional y transitorio destinado a la regularización de determinadas deudas impositivas. Esta medida introduce beneficios relevantes en materia de intereses, sanciones y facilidades de pago, y se inscribe dentro del marco normativo del Nuevo Régimen Tributario y sus disposiciones complementarias.

Si bien el decreto representa una oportunidad concreta para normalizar situaciones fiscales pendientes, su aplicación exige un análisis jurídico riguroso, dado que el acceso a los beneficios está sujeto a condiciones específicas y a exclusiones expresamente previstas.

Marco normativo aplicable

El Decreto N.º 5154/2025 se fundamenta, entre otras normas, en:

  • Ley N.º 125/1991, que establece el Nuevo Régimen Tributario.
  • Ley N.º 6380/2019, de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional.
  • Ley N.º 6715/2021, de Procedimientos Administrativos.
  • Ley N.º 7143/2023, que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.
  • Ley N.º 7158/2023, que crea el Ministerio de Economía y Finanzas.

Este encuadre normativo otorga sustento legal al régimen excepcional y delimita su alcance.

Decreto N.º 5154/2025, publicado en la Gaceta Oficial de la República del Paraguay.

Vigencia del régimen excepcional

El régimen estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026. Durante este período, la tasa aplicable en concepto de interés o recargo mensual será del cero por ciento (0%), siempre que las obligaciones correspondan a:

  • Periodos fiscales mensuales cerrados hasta diciembre de 2023.
  • Ejercicios fiscales anuales cerrados al 31 de diciembre de 2023.

Las obligaciones posteriores a dichas fechas no se encuentran comprendidas en el beneficio.

Deudas alcanzadas por el régimen

El decreto incluye dentro de su alcance las siguientes categorías de deudas:

Deudas firmes, líquidas y exigibles

Comprende las deudas consignadas en Certificados de Deuda emitidos por la Administración Tributaria, aun cuando se encuentren en proceso de gestión de cobro por parte de la Dirección General de Abogacía del Tesoro.

Ajustes fiscales en sede jurisdiccional

Incluye los ajustes provenientes de determinaciones tributarias y aplicación de sanciones que se encuentren en trámite judicial, siempre que el contribuyente otorgue su conformidad o allanamiento expreso sobre el monto total de la deuda.

Ajustes fiscales concluidos

También se encuentran comprendidos los ajustes derivados de procesos de fiscalización, sumarios administrativos o recursos de reconsideración ya culminados, bajo la condición de aceptación expresa del monto adeudado.

Procedimiento para acogerse al régimen

El contribuyente interesado deberá presentar una solicitud formal ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios o ante la Dirección General de Abogacía del Tesoro del Ministerio de Economía y Finanzas, según corresponda.

La solicitud deberá realizarse mediante la Nota de Solicitud para el Régimen Excepcional y Transitorio, disponible en la página web institucional, y presentarse a través de la mesa de entrada correspondiente. La fecha válida será exclusivamente la consignada en el expediente administrativo.

Para acceder al beneficio, el contribuyente deberá abonar la deuda al contado o formalizar un plan de facilidades de pago.

Facilidades de pago con interés cero

El decreto autoriza un régimen excepcional de facilidades de pago con tasa de financiación del cero por ciento (0%), bajo las siguientes condiciones:

  • Entrega mínima del diez por ciento (10%) del monto adeudado.
  • Hasta veinticuatro (24) cuotas mensuales cuando la deuda no supere los G. 500.000.000.
  • Hasta treinta y seis (36) cuotas mensuales cuando la deuda supere dicho monto.

De manera excepcional, podrán otorgarse más de treinta y seis cuotas cuando la deuda supere los G. 1.000.000.000, previa aprobación expresa de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.

El incumplimiento de las cuotas pactadas dará lugar al decaimiento del beneficio y a la aplicación del régimen general.

Reducción de sanciones por defraudación

Para las obligaciones previstas en el decreto, se establece un descuento del cincuenta por ciento (50%) sobre la sanción por defraudación, siempre que dicho descuento no resulte en una multa inferior a la mínima legal aplicable.

En casos de conformidad o allanamiento expreso durante procesos de fiscalización o sumarios administrativos en curso, se aplicará directamente la sanción mínima prevista para la defraudación.

La falta de pago o la caducidad de la facilidad de pago otorgada implicará la pérdida automática de este beneficio.

Exclusiones expresas

El régimen excepcional no será aplicable a:

  • Deudas resultantes de la presentación o rectificación de declaraciones juradas.
  • Facilidades de pago que hayan decaído por incumplimiento.
  • Anticipos del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE).

Procesos judiciales en curso

En los casos en que las deudas se encuentren en sede jurisdiccional, la adhesión al régimen deberá ser homologada y comunicada al juzgado o tribunal interviniente.

Consideraciones finales

El Decreto N.º 5154/2025 constituye una herramienta relevante para la regularización de pasivos fiscales en Paraguay. No obstante, su correcta aplicación requiere una evaluación jurídica individualizada, especialmente en lo relativo al alcance del allanamiento, las consecuencias sancionatorias y los efectos procesales.

Un análisis técnico de Pasmor Abogados previo resulta esencial para asegurar el aprovechamiento efectivo de los beneficios previstos y evitar contingencias futuras.

Referencias normativas

  • Decreto N.º 5154/2025, Régimen Excepcional y Transitorio para la Regularización de Determinadas Deudas Impositivas.
  • Ley N.º 125/1991, Nuevo Régimen Tributario.
  • Ley N.º 6380/2019, de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional.
  • Ley N.º 6715/2021, de Procedimientos Administrativos.
  • Ley N.º 7143/2023, de creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.

El crecimiento del comercio exterior y la integración regional han convertido al derecho aduanero en un eje central del cumplimiento normativo empresarial. En Paraguay, el avance hacia procesos integrados de información tributaria y aduanera exige hoy a las empresas un enfoque más riguroso, preventivo y estratégico del compliance aduanero.

Las operaciones de importación y exportación ya no se analizan de forma aislada. La información declarada ante la autoridad aduanera se cruza con datos tributarios, contables y financieros, incrementando el nivel de control y el impacto potencial de los errores u omisiones.

¿Qué se entiende por compliance aduanero?

El compliance aduanero comprende el conjunto de políticas, procedimientos y controles internos destinados a garantizar que las operaciones de comercio exterior se ajusten plenamente a la normativa aduanera vigente.

No se limita al cumplimiento formal de trámites, sino que abarca:

  • La correcta clasificación arancelaria de las mercaderías.
  • La adecuada valoración aduanera.
  • La coherencia entre la información comercial, aduanera y fiscal.
  • El cumplimiento de regímenes especiales y beneficios aplicables.
  • La prevención de contingencias administrativas y sancionatorias.

En un contexto de fiscalización digital, el compliance aduanero se convierte en una herramienta de gestión del riesgo jurídico y fiscal.

El riesgo fiscal asociado a las operaciones aduaneras

Las operaciones de comercio exterior generan impactos directos en el ámbito tributario. Errores en la documentación aduanera pueden derivar en:

  • Ajustes fiscales posteriores.
  • Multas y sanciones administrativas.
  • Contingencias económicas relevantes.
  • Afectación de la reputación corporativa.

La integración de información por parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) permite hoy identificar inconsistencias entre valores declarados en aduanas, registros contables y declaraciones tributarias.

Este escenario refuerza la necesidad de analizar las operaciones aduaneras como parte de una estrategia fiscal integral, y no como un proceso meramente operativo.

Fiscalización digital y cruce de información

La modernización de la administración tributaria y aduanera en Paraguay ha dado lugar a un modelo de control basado en:

  • Digitalización de procesos.
  • Interoperabilidad de sistemas.
  • Análisis de datos y perfiles de riesgo.

Este enfoque, ya desarrollado por Pasmor Abogados en el análisis sobre fiscalización digital y compliance tributario, implica que las autoridades pueden detectar desvíos sin necesidad de auditorías presenciales extensas.

Artículo relacionado: Paraguay 2025: La nueva frontera del cumplimiento tributario. Análisis estratégico de la Ley N° 6380/2019 y la Fiscalización Digital

Compliance aduanero como parte del compliance tributario

El compliance aduanero no debe concebirse de manera aislada. Forma parte de un sistema integral de cumplimiento, junto con el compliance tributario, societario y financiero.

Tal como se desarrolla en el artículo Compliance tributario y planificación internacional: buenas prácticas para operar con solvencia en 2026, la prevención del riesgo exige coherencia entre todas las áreas de la organización.

Integrar el compliance aduanero permite:

  • Reducir contingencias fiscales futuras.
  • Mejorar la trazabilidad de las operaciones.
  • Fortalecer la posición de la empresa ante fiscalizaciones.
  • Aportar previsibilidad a la planificación financiera.

Impacto para empresas e inversores

Las empresas que participan en operaciones de comercio exterior, así como los inversores con estructuras regionales, deben considerar el compliance aduanero como un factor clave de seguridad jurídica.

Un enfoque preventivo permite identificar riesgos antes de que se materialicen en sanciones, y facilita la toma de decisiones informadas en materia de inversión, expansión o reestructuración operativa.

En un entorno de integración regional y crecimiento del flujo comercial, el cumplimiento aduanero se consolida como un elemento estratégico, no meramente administrativo.

El acompañamiento jurídico especializado

Desde Pasmor Abogados, asesoramos a empresas e inversores en la estructuración y revisión de sus operaciones de comercio exterior, con un enfoque técnico y preventivo en derecho aduanero y tributario.

Nuestro trabajo se orienta a:

  • Evaluar riesgos aduaneros y fiscales.
  • Alinear la información declarada ante distintas autoridades.
  • Diseñar estrategias de cumplimiento adaptadas a cada operación.

El compliance aduanero adquiere hoy una relevancia central en Paraguay, en un contexto de fiscalización digital e integración de información tributaria y aduanera.

Las empresas que incorporan este enfoque de forma estratégica no solo reducen riesgos, sino que fortalecen su seguridad jurídica y su posicionamiento institucional en el comercio exterior.

En este escenario, el asesoramiento legal especializado resulta clave para transformar el cumplimiento en una ventaja competitiva sostenible.

En el contexto del derecho paraguayo, el fideicomiso se erige como un instrumento jurídico esencial para la planificación patrimonial, la garantía de obligaciones y la inversión estratégica. Regulado por la Ley Nº 921/96 de Negocios Fiduciarios, este mecanismo permite la transmisión de bienes a un fiduciario autorizado –como bancos o sociedades fiduciarias– para su administración o enajenación en beneficio del fideicomitente o terceros.

Pese a su crecimiento sostenido –con 1.771 operaciones registradas en 2019, un incremento del 24% respecto al año anterior y activos por 14.812 millones de guaraníes, equivalentes al 10% del sistema financiero– el mercado fiduciario paraguayo continúa subutilizado y, en la práctica profesional, suelen observarse deficiencias en su estructuración.

Diversos operadores jurídicos y financieros señalan que una proporción relevante de los fideicomisos que llegan a revisión profesional presenta fallos que comprometen su eficacia, generan riesgos fiscales o exponen a las partes a controversias. Este artículo analiza las causas más recurrentes, con base en la normativa vigente, buenas prácticas y la experiencia profesional de nuestro equipo. En Pasmor Abogados, con nuestra expertise en derecho tributario, corporativo y sucesoral, hemos asesorado a empresas e inversionistas en la optimización de estos vehículos, asegurando cumplimiento normativo y protección patrimonial.

Las causas principales de la mala estructuración de los fideicomisos

La Ley Nº 921/96 establece requisitos estrictos para la validez del fideicomiso, incluyendo la formación de un patrimonio autónomo, la transferencia efectiva de bienes y la designación de un fiduciario calificado. Sin embargo, revisiones de contratos fiduciarios realizadas en la práctica y observaciones sectoriales muestran patrones de errores comunes que pueden derivar en controversias, ineficiencias o incluso nulidades parciales.

A continuación, se exponen los errores más frecuentes, basados en doctrina jurídica, práctica profesional y las exigencias regulatorias aplicables.

1. Redacción ambigua o deficiente del contrato fiduciario

Un error habitual radica en la falta de precisión en las cláusulas que definen los objetivos, plazos y obligaciones. La normativa exige una descripción clara de los bienes fideicomitidos y su tradición efectiva, pero en la práctica se observan omisiones que terminan generando interpretaciones conflictivas o cuestionamientos por parte de terceros (artículo 15 de la Ley Nº 921/96).

La jurisprudencia paraguaya en materia fiduciaria no publica estadísticas oficiales consolidadas, pero múltiples litigios revisados por equipos legales –incluyendo el nuestro– tienen como origen redacciones imprecisas o contradicciones internas del contrato.

2. Designación inadecuada del fiduciario

Solo entidades autorizadas por la Superintendencia de Bancos y reguladas por el Banco Central del Paraguay pueden actuar como fiduciarios. La designación de un sujeto no habilitado, o la inclusión de cláusulas que pretendan limitar indebidamente sus deberes esenciales, genera riesgos considerables y puede comprometer la validez del acto.

Además, un fiduciario no calificado expone los bienes a ejecuciones indebidas o a reclamos de acreedores, contrariando la naturaleza de patrimonio separado.

3. Omisión de contingencias y riesgos fiscales

Un número significativo de fideicomisos en Paraguay no incorpora previsiones adecuadas para escenarios imprevistos, como fluctuaciones económicas, insolvencias de las partes o requerimientos tributarios.

La falta de alineación con las obligaciones tributarias aplicables puede generar contingencias fiscales inesperadas, especialmente en fideicomisos de garantía o inmobiliarios. Estos riesgos no se deben a una norma específica, sino a interpretaciones que la administración tributaria puede realizar si la documentación no respalda adecuadamente la naturaleza del acto.

4. Falta de mecanismos de control frente a negligencia o abuso fiduciario

Aunque el fiduciario tiene deberes estrictos de lealtad, diligencia y conservación de bienes (artículo 6 de la Ley 921/96), en la práctica se constatan casos en los que no se establecen mecanismos de supervisión adecuados. La ausencia de auditorías, reportes periódicos o estándares claros de actuación aumenta la exposición a errores operativos o decisiones poco transparentes.

Este tipo de situaciones, aun no siendo la regla general, sí aparecen con frecuencia en revisiones internas y reestructuraciones en las que hemos intervenido.

Cómo estructurar un fideicomiso correctamente: Mejores prácticas

Para maximizar los beneficios del fideicomiso –como la protección patrimonial autónoma y la eficiencia en garantías– es esencial adoptar un enfoque riguroso y completamente alineado con la regulación vigente. Con base en nuestra experiencia y la legislación aplicable, recomendamos:

1. Elaboración de un contrato preciso y exhaustivo

Debe incluir:

  • definiciones claras de partes, bienes y roles;
  • descripción detallada de la tradición o transferencia de bienes;
  • objetivos verificables;
  • mecanismos de resolución de disputas;
  • cláusulas de salida y contingencias alineadas al Código Civil.

Un contrato sólido previene interpretaciones ambiguas y reduce significativamente el riesgo de litigios.

2. Selección de un fiduciario autorizado y supervisado

Recomendamos optar por entidades reguladas por el BCP con experiencia comprobada en el tipo de fideicomiso a implementar.

Asimismo, es aconsejable:

  • establecer auditorías semestrales,
  • exigir reportes de gestión,
  • definir estándares mínimos de desempeño.

3. Integración de aspectos fiscales y regulatorios

Es fundamental coordinar con especialistas tributarios para asegurar:

  • correcta documentación del origen y destino de los bienes;
  • adecuada identificación de hechos generadores;
  • cumplimiento de requerimientos de la administración tributaria;
  • alineación con normas de prevención de lavado de activos (Ley Nº 1015/97).

En fideicomisos inmobiliarios o de inversión, prever estos elementos reduce significativamente el riesgo de contingencias fiscales o regulatorias.

4. Incorporación de salvaguardas y monitoreo continuo

Una estructura sólida debe incluir:

  • penalidades por incumplimiento fiduciario,
  • mecanismos de supervisión externa,
  • derechos de revocación o sustitución del fiduciario,
  • reportes periódicos y transparentes,
  • estándares operativos que cumplan con el Reglamento de Operaciones Fiduciarias.

Siguiendo estas prácticas, los fideicomisos no solo evitan conflictos, sino que pueden potenciar el crecimiento del patrimonio administrado. En 2019, por ejemplo, los fideicomisos de administración e inmobiliarios crecieron un 2,5%, mientras que la titularización lo hizo en un 37,08%.

El rol de Pasmor Abogados en la estructuración óptima de fideicomisos

En Pasmor Abogados, nuestro equipo multidisciplinario –con más de una década de experiencia en derecho corporativo, tributario e internacional– ha guiado reestructuraciones patrimoniales para empresas, multinacionales y clientes de alto patrimonio, asegurando fideicomisos resilientes y eficientes.

Nuestros servicios incluyen:

  • auditorías previas de estructuras fiduciarias,
  • redacción contractual de alto estándar,
  • representación ante organismos como el BCP y la DNIT,
  • diseño de estructuras que optimizan cargas fiscales dentro de los márgenes que permite la normativa vigente.

Nuestra experiencia nos permite identificar fallos antes de que generen contingencias, siempre con un alto estándar de confidencialidad y resultados concretos.

Los fideicomisos representan una oportunidad estratégica en Paraguay, pero su potencial puede verse limitado por estructuras deficientes que generan riesgos innecesarios. Al priorizar precisión normativa, transparencia y supervisión profesional, empresas y familias pueden blindar su patrimonio frente a incertidumbres.

Este artículo es informativo y no constituye asesoramiento legal. Consúltenos para casos específicos.

Referencias legales y estadísticas

  • Ley 921/96 de Negocios Fiduciarios, Congreso de la Nación Paraguaya.
  • Banco Central del Paraguay – “Operaciones de fideicomiso siguen en crecimiento”, informe estadístico 2019.
  • Superintendencia de Bancos – listado de entidades habilitadas como fiduciarias (2019).

Notificaciones Masivas DNIT 2025: Prevención de Riesgos y Asesoría Legal

La DNIT inició el lanzamiento de un régimen de notificaciones masivas dirigido a contribuyentes, como parte de su Plan de Mejora de Cumplimiento de la Matriz de Riesgo Tributario.

Se fundamenta en controles automatizados basados en tecnología Big Data, que permiten detectar inconsistencias en declaraciones juradas de IVA e Impuesto a la Renta. Estos cruces comparan las compras declaradas por los contribuyentes con los datos que los emisores de facturas remiten al fisco.
Desde la notificación, el contribuyente dispone de un plazo de diez días hábiles para rectificar declaraciones, corregir errores detectados o saldar impuestos, conforme al artículo 189 de la Ley N.º 125/91 (modificada por la Ley N.º 2421/04).
No se requiere presentar facturas adicionales, ya que la DNIT ya cuenta con la información necesaria en sus propios registros. Las rectificaciones deben efectuarse únicamente en los rubros indicados.

La medida tiene por objeto reforzar el cumplimiento tributario, detectar irregularidades como duplicación o clonación de facturas, mejorar la transparencia y la trazabilidad de las operaciones comerciales, y prevenir la evasión o el uso indebido de comprobantes.
En efecto, se estima que un universo de hasta 70.000 contribuyentes podría estar bajo la matriz de riesgo, lo que demuestra la amplitud del plan.

En vista de este nuevo panorama fiscal, una asesoría especializada resulta indispensable. En Pasmor Abogados, ofrecemos servicios de derecho tributario, cumplimiento fiscal y defensa frente a fiscalizaciones de la DNIT, acompañando a empresas y contribuyentes para asegurar una gestión ordenada, segura y conforme con la normativa vigente.

Fuente:

DNIT

Ley N.º Ley N.º 125/91 (modificada por la Ley N.º 2421/04).

Biblioteca y archivo Central del Congreso de la Nación BACON