La Ley N.º 7445 de la Función Pública y del Servicio Civil y su Impacto Corporativo

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El ecosistema financiero paraguayo atraviesa un proceso de transformación normativa con la sanción de la Ley N.º 7572 de Mercado de Valores y Productos. Esta reforma actualiza el marco jurídico aplicable al mercado de capitales y busca adecuar su funcionamiento a las nuevas exigencias de transparencia, supervisión y protección de los participantes del mercado.

Para las empresas, inversionistas institucionales y entidades vinculadas al sistema financiero, la nueva legislación introduce modificaciones relevantes en materia de gobierno corporativo, protección del inversionista, oferta pública, supervisión y nuevas herramientas de financiamiento.

Un marco normativo alineado a estándares internacionales

Durante años, la estructuración del capital empresarial en Paraguay mantuvo una importante dependencia del crédito bancario tradicional. Paralelamente, la emisión de bonos y otros instrumentos financieros fue adquiriendo mayor relevancia dentro del mercado local.

La Ley N.º 7572 plantea una actualización del marco regulatorio con el objetivo de fortalecer la confianza y la transparencia del mercado de valores paraguayo. En este contexto, adquieren especial importancia los principios internacionales promovidos por la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), relacionados con la protección de los inversionistas, la transparencia y la adecuada supervisión de los mercados.

El nuevo esquema también refuerza las facultades de la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay en materia de regulación, supervisión y fiscalización de los participantes del mercado.

Gobierno corporativo y protección del inversionista

Uno de los aspectos centrales del nuevo marco normativo se encuentra relacionado con el fortalecimiento del gobierno corporativo de las sociedades que participan en el mercado de valores.

La normativa incorpora mecanismos destinados a mejorar los sistemas de control y la transparencia en la gestión empresarial. Entre ellos adquieren relevancia los órganos de control interno, los mecanismos de auditoría y las exigencias vinculadas con la independencia y responsabilidad de quienes participan en la administración y fiscalización de las sociedades.

Asimismo, el régimen busca reforzar la protección de los accionistas e inversionistas minoritarios, estableciendo reglas orientadas a garantizar un tratamiento equitativo y una mayor disponibilidad de información relevante para la toma de decisiones.

Otro aspecto relevante se relaciona con las conductas que pueden afectar la integridad del mercado, incluyendo la manipulación de precios y el uso indebido de información privilegiada. El fortalecimiento del régimen de infracciones y sanciones constituye un elemento importante para preservar la confianza en el funcionamiento del mercado.

Dinamización de la oferta pública y nuevas estructuras financieras

La modernización normativa también contempla herramientas destinadas a ampliar las posibilidades de financiamiento empresarial mediante el mercado de capitales.

Entre las estructuras que adquieren especial relevancia se encuentran los fideicomisos financieros y mecanismos de titulización, que pueden facilitar la estructuración de activos y flujos vinculados con proyectos de inversión, infraestructura, desarrollos inmobiliarios y otras actividades productivas.

El nuevo marco también favorece el desarrollo de instrumentos vinculados con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), creando condiciones para una mayor utilización de instrumentos destinados a financiar proyectos con objetivos sostenibles.

Asimismo, los programas de emisión global constituyen una herramienta relevante para empresas que recurren de manera recurrente al mercado de valores, permitiendo estructurar emisiones bajo un marco previamente establecido y sujeto a las condiciones regulatorias correspondientes.

Innovación tecnológica aplicada al mercado de valores

La transformación digital constituye otro de los elementos que adquieren relevancia dentro de la evolución del mercado de capitales. La incorporación de herramientas tecnológicas permite avanzar hacia procesos más eficientes en materia de registro, custodia, negociación y transferencia de valores.

En este contexto, las tecnologías de registro distribuido, conocidas como DLT o blockchain, así como otras soluciones digitales, plantean nuevas posibilidades para la infraestructura del mercado financiero.

La incorporación de estas herramientas debe entenderse dentro de un entorno regulado, en el que la innovación tecnológica debe coexistir con principios de seguridad jurídica, trazabilidad, transparencia y protección del inversionista.

Impacto de la Ley N.º 7572 para las empresas

Eje estratégico Novedad normativa Impacto empresarial
Gobierno corporativo Fortalecimiento de los mecanismos de control, auditoría y transparencia. Mayor calidad de la gestión y fortalecimiento de las estructuras internas de control.
Digitalización bursátil Incorporación de herramientas tecnológicas aplicables al mercado de valores. Mayor eficiencia en los procesos de registro, custodia y transferencia de valores.
Protección del inversionista Refuerzo de las reglas de transparencia y del régimen aplicable a conductas que afectan la integridad del mercado. Mayor confianza y seguridad para los participantes del mercado.
Acceso al financiamiento Desarrollo y actualización de instrumentos para la captación de recursos mediante el mercado de valores. Ampliación de las alternativas de financiamiento empresarial.

Aspectos a considerar para la adecuación empresarial

La entrada en vigencia de un nuevo marco regulatorio requiere que las empresas y demás participantes del mercado revisen sus estructuras internas y sus mecanismos de cumplimiento.

En este sentido, resulta pertinente realizar una revisión de los estatutos sociales, reglamentos internos y procedimientos de gobierno corporativo, especialmente cuando se trate de sociedades sujetas a las exigencias propias del mercado de valores.

También resulta relevante evaluar las alternativas de financiamiento mediante la emisión de títulos, considerando las características financieras de cada empresa, sus necesidades de capital y las condiciones aplicables al mercado.

Finalmente, la implementación de adecuados protocolos de compliance bursátil adquiere especial importancia. Las políticas internas relacionadas con el manejo de información reservada, prevención de conflictos de interés, transparencia y cumplimiento regulatorio constituyen elementos fundamentales para una adecuada participación en el mercado de valores.

Una nueva etapa para el mercado de capitales paraguayo

La Ley N.º 7572 representa una actualización significativa del marco jurídico del mercado de valores y productos en Paraguay. Su alcance trasciende la regulación de las operaciones bursátiles, al incorporar elementos relacionados con el gobierno corporativo, la protección del inversionista, la innovación financiera y las alternativas de financiamiento empresarial.

Para las empresas que evalúan acceder al mercado de capitales, el nuevo escenario requiere una revisión integral de sus estructuras jurídicas, financieras y de cumplimiento, de manera que las decisiones de financiamiento se desarrollen dentro del marco regulatorio vigente y con adecuada previsión de sus obligaciones.

Ley 60/90 régimen de incentivos fiscales a la inversión de capital de origen nacional y extranjero

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Paraguay ha actualizado el marco jurídico destinado a promover la inversión nacional y extranjera mediante la Ley N.º 7548/2025, que establece un nuevo régimen de incentivos fiscales para la inversión y sustituye el régimen establecido por la Ley N.º 60/90, vigente durante más de tres décadas.

La reforma busca adecuar los mecanismos de promoción de inversiones a las nuevas condiciones de la economía paraguaya, incorporando criterios vinculados con la generación de empleo permanente, la incorporación de tecnología, el desarrollo de proveedores locales y el fortalecimiento de la producción de bienes y servicios dentro del territorio nacional.

De la Ley 60/90 a un nuevo marco de promoción de inversiones

La Ley 60/90 constituyó durante años uno de los principales instrumentos jurídicos para estimular la llegada de capital nacional y extranjero a Paraguay. Su aplicación estuvo orientada principalmente a la adquisición de bienes de capital, materias primas e insumos vinculados con actividades productivas.

El nuevo régimen mantiene la finalidad de promover la inversión, pero introduce una estructura normativa más amplia. La Ley N.º 7548/2025 establece que los incentivos deberán orientarse a proyectos vinculados con los objetivos de desarrollo económico sostenible, incremento de la producción, generación de empleo, incorporación tecnológica e integración de proveedores nacionales.

La sustitución de la Ley 60/90 no implica, sin embargo, la pérdida automática de los beneficios correspondientes a proyectos que ya se encontraban acogidos al régimen anterior. La nueva legislación establece disposiciones específicas para preservar los derechos de los proyectos aprobados antes de su entrada en vigor, bajo las condiciones previstas por la propia normativa.

Nuevos criterios para el acceso a los incentivos fiscales

Uno de los aspectos relevantes del nuevo régimen es la incorporación de una visión más vinculada al impacto económico de las inversiones. La normativa contempla como objetivos la generación y aumento de empleos permanentes, la incorporación de tecnologías que permitan mejorar la eficiencia productiva y la utilización de materias primas, mano de obra y recursos energéticos nacionales.

También adquiere relevancia la integración productiva, especialmente mediante la incorporación de valor agregado nacional y el desarrollo de proveedores locales. De esta manera, el régimen no se limita exclusivamente a considerar el monto de la inversión, sino que incorpora elementos relacionados con la contribución del proyecto al desarrollo de la actividad económica.

La normativa contempla además la promoción de proyectos que incorporen innovación tecnológica, incluyendo inversiones en determinados activos intangibles, como patentes, licencias y software fundamentales para el funcionamiento del negocio, además de otros bienes que impliquen innovación y transferencia tecnológica.

Tratamiento del IVA y del IDU

Entre los principales aspectos tributarios del nuevo régimen se encuentran las disposiciones relativas al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto a los Dividendos y a las Utilidades (IDU).

La Ley N.º 7548/2025 contempla la exoneración del IVA en determinadas operaciones vinculadas con la importación y adquisición de bienes de capital comprendidos en proyectos de inversión aprobados bajo el régimen. También establece un tratamiento específico para la primera enajenación de determinados bienes de capital importados o adquiridos de fabricantes nacionales, cuando la transferencia se realice entre beneficiarios del régimen.

En materia de IDU, la nueva legislación contempla la exoneración sobre dividendos, utilidades y rendimientos generados por proyectos de inversión acogidos al régimen, durante un período de hasta diez años, cuando se cumplan las condiciones establecidas por la ley. Para acceder a este beneficio se establece, entre otros requisitos, un umbral mínimo de inversión, fijado inicialmente en US$ 13 millones, sujeto a los mecanismos de actualización previstos por la normativa.

Este tratamiento representa una modificación relevante respecto del esquema anterior y requiere analizar de manera diferenciada la estructura del proyecto, el origen de la inversión y la naturaleza de las rentas que eventualmente estarán comprendidas dentro del beneficio fiscal.

El fideicomiso de garantía como mecanismo de financiamiento

Otra de las novedades incorporadas por la Ley N.º 7548/2025 es la posibilidad de utilizar una fiducia de garantía respecto de determinados bienes de capital que hayan sido beneficiados por el régimen de incentivos fiscales.

La figura permite que los bienes de capital vinculados al proyecto puedan formar parte de una estructura fiduciaria destinada a respaldar el financiamiento de la inversión. Para ello, se requiere la autorización correspondiente y el cumplimiento de las condiciones establecidas por la legislación y su reglamentación.

El mecanismo también contempla la participación del Estado paraguayo como beneficiario-acreedor, junto con los demás acreedores del proyecto. En determinadas circunstancias, como el incumplimiento de obligaciones financieras o la revocación de los beneficios fiscales, la garantía puede ser ejecutada para recuperar los tributos que originalmente fueron objeto de exoneración.

La incorporación de esta herramienta amplía el marco jurídico disponible para estructurar proyectos de inversión y vincula el régimen de incentivos fiscales con mecanismos de financiamiento y garantía.

Un régimen orientado a la inversión productiva

La nueva legislación mantiene como eje la utilización de los incentivos fiscales como instrumento de promoción de la inversión productiva, pero incorpora una perspectiva más amplia respecto de los resultados que se espera generar mediante los proyectos beneficiados.

La generación de empleo, la incorporación de tecnología, la utilización de recursos nacionales y el desarrollo de proveedores forman parte de los elementos que adquieren relevancia dentro del nuevo marco jurídico.

Asimismo, la normativa incorpora disposiciones específicas para sectores como el turismo y el entretenimiento de gran envergadura, estableciendo determinados beneficios para proyectos que cumplan con los requisitos y niveles de inversión previstos por la ley.

Transición y seguridad jurídica

La sustitución de un régimen con más de treinta años de vigencia plantea la necesidad de analizar cuidadosamente la transición entre la Ley 60/90 y la Ley N.º 7548/2025. La legislación establece reglas particulares para los proyectos que ya habían obtenido beneficios bajo el régimen anterior, así como para determinadas solicitudes de renovación, complementación o transferencia.

En este contexto, la correcta interpretación de las normas de transición resulta especialmente relevante para determinar qué régimen corresponde aplicar a cada proyecto y cuáles son las condiciones que deben cumplirse para conservar o acceder a determinados beneficios fiscales.

Un cambio relevante en el marco tributario de las inversiones

La entrada en vigencia del nuevo régimen representa una modificación significativa dentro del marco jurídico y tributario de las inversiones en Paraguay. La Ley N.º 7548/2025 no se limita a sustituir la Ley 60/90, sino que reorganiza los incentivos fiscales, incorpora nuevos instrumentos y establece condiciones vinculadas con la naturaleza y los objetivos de los proyectos de inversión.

La reglamentación mediante el Decreto N.º 5432/2026 completa el marco operativo para la concesión, ejecución y control de los incentivos, incluyendo aspectos relacionados con el procedimiento de aprobación, las competencias institucionales y la intervención de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.

El nuevo escenario exige, por tanto, una lectura integral de la normativa aplicable, especialmente en aquellos proyectos que involucren inversión extranjera, adquisición de bienes de capital, financiamiento, beneficios tributarios, transferencia de activos o estructuras fiduciarias.

Fiscalización Algorítmica de la DNIT: Cómo auditar los procesos internos de tu empresa antes que el Fisco

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La transformación digital del sistema tributario en Paraguay ha cambiado drásticamente la relación entre el contribuyente corporativo y la autoridad fiscal. La consolidación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) unificó el control aduanero y tributario, potenciando el uso de tecnologías de procesamiento masivo de datos. Hoy, las grandes empresas no enfrentan únicamente revisiones presenciales o auditorías puntuales; están expuestas a una fiscalización algorítmica continua y en tiempo real.

Esta evolución operativa significa que el Fisco ya no depende exclusivamente de denuncias o muestreos aleatorios. Mediante el cruce automatizado de información —alimentado por la facturación electrónica (SIFEN), declaraciones juradas, retenciones del sistema financiero y registros de comercio exterior— los sistemas de la DNIT identifican discrepancias en segundos. Para las grandes corporaciones, donde el volumen transaccional es elevado, la menor inconsistencia técnica o contable puede desencadenar notificaciones, bloqueos preventivos de RUC o el inicio de procesos de fiscalización puntual.

Ante esta realidad, la gestión tributaria directiva exige pasar de una postura reactiva a un modelo de control preventivo.

Los focos de riesgo en el cruce automatizado de datos

El algoritmo de la autoridad fiscal trabaja detectando asimetrías entre la información reportada por la empresa y la registrada por sus contrapartes comerciales, entidades financieras o el propio sistema aduanero.

Los principales puntos de fricción e inconsistencias detectados por este tipo de fiscalización incluyen:

Descalce entre SIFEN y Libros IVA/IRE: Diferencias temporales o numéricas entre las facturas electrónicas emitidas o recibidas y los montos consignados en los libros de compras y ventas.

Inconsistencias en retenciones y transferencias: Variaciones entre las retenciones practicadas por terceros (o a terceros) y los saldos declarados en los formularios del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE).

Mapeo de proveedores y riesgo de la cadena: Identificación automática de operaciones realizadas con proveedores calificados con inconsistencias fiscales, lo que genera alertas sobre la deducibilidad de dichos costos o la validez del crédito fiscal IVA.

Divergencias en comercio exterior y valoración: Falta de coincidencia entre los despachos de importación y exportación registrados en el sistema SOFIA y el movimiento inventariado y declarado fiscalmente.

La Pre-Auditoría Fiscal Interna: Estrategia de blindaje corporativo

Para mitigar el impacto de un requerimiento automatizado, las empresas deben adoptar el mismo enfoque que la autoridad tributaria: auditar sus datos con la misma lógica algorítmica antes de que estos lleguen al Fisco.

Una pre-auditoría fiscal interna es un proceso riguroso de revisión preventiva que evalúa tanto la consistencia de los datos como la calidad de los respaldos documentales.

Conciliación analítica y cruce automatizado interno
Consiste en replicar los controles de la DNIT dentro del propio ERP de la empresa. Se deben ejecutar cruces periódicos (mensuales o trimestrales) entre los archivos XML de la facturación electrónica, los libros IVA/IRE y los asientos contables de ingresos y gastos. Identificar y corregir discrepancias operativas antes del cierre del periodo fiscal elimina el riesgo de generar alertas automáticas.

Trazabilidad documental y sustancia económica
La fiscalización moderna no se satisface con la sola existencia de un comprobante válido. La DNIT exige probar la sustancia económica de la operación. Esto requiere que cada gasto o deducción significativa cuente con una trazabilidad documental completa: contratos vigentes, órdenes de compra, entregables, actas de recepción de servicios e informes de gestión. Para grandes volúmenes transaccionales, contar con un repositorio digital centralizado y ordenado es fundamental.

Depuración y monitoreo de la cadena de valor
Dado que el algoritmo evalúa la conducta fiscal de los proveedores, las empresas deben integrar un protocolo de Due Diligence tributario en sus áreas de compras y finanzas. Verificar de forma sistemática el estado de RUC y el perfil de riesgo de los principales proveedores previene contingencias asociadas a la no deducibilidad del gasto.

La fiscalización algorítmica de la DNIT exige una elevación en los estándares de gobernanza fiscal de las grandes empresas. La precisión de los algoritmos oficiales solo puede neutralizarse con un control interno igualmente preciso, estandarizado y oportuno.

Auditar preventivamente los procesos internos no solo evita sanciones directas e intereses punitorios, sino que resguarda el activo más valioso de la corporación: su seguridad jurídica y su reputación institucional.

Ley N.º 7593/2025 de Protección de Datos Personales en Paraguay

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Marco regulatorio y el cambio de paradigma en el tratamiento de datos

La promulgación de la Ley N.º 7593/2025 «De Protección de Datos Personales en la República del Paraguay» constituye el hito normativo más trascendental en materia de privacidad corporativa e institucional en la historia legislativa del país.

Previo a la sanción de este cuerpo normativo integral, el tratamiento de la información personal se encontraba disperso en disposiciones constitucionales y regulaciones sectoriales limitadas, lo que generaba vacíos operativos y contingencias legales para el tráfico transfronterizo de información.

Inspirada en los estándares del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea y marcos regionales, la ley establece un régimen general aplicable al tratamiento de datos personales por parte de personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, establecidas en Paraguay o cuyas actividades impacten en residentes locales.

Con un período de adaptación (vacatio legis) de 24 meses (hasta noviembre de 2027) desde su promulgación por el Poder Ejecutivo, las organizaciones cuentan con una ventana temporal crítica para adecuar sus arquitecturas de cumplimiento técnico y corporativo ante la futura supervisión de la Autoridad de Protección de Datos Personales.

Bases legales para el tratamiento y superación del consentimiento único

Uno de los avances más sustanciales que introduce la Ley N.º 7593/2025 es la diversificación de las bases jurídicas que legitiman el tratamiento de datos. El marco regulatorio abandona el modelo centrado de forma exclusiva en el consentimiento expreso del titular, incorporando alternativas operativas para el tráfico mercantil y corporativo:

Cumplimiento de obligaciones legales y contractuales: El tratamiento resulta lícito cuando es estrictamente indispensable para la ejecución de un contrato en el que el titular es parte o para la aplicación de medidas precontractuales, así como para el cumplimiento de exigencias regulatorias o tributarias impuestas al responsable.

Satisfacción de intereses legítimos: Se habilita el tratamiento motivado por el interés legítimo del responsable o de terceros, siempre que sobre dicho interés no prevalezcan los derechos fundamentales o libertades del titular. Esta figura requiere de un juicio de ponderación previo y documentado por parte de la empresa.

Protección de intereses vitales y funciones públicas: Habilita la gestión de datos cuando sea necesario para proteger la vida, la integridad física o la salud del titular, así como para el ejercicio regular de funciones asignadas por ley a los Organismos y Entidades del Estado.

En aquellos supuestos donde el consentimiento siga siendo la base aplicable, este debe ser libre, específico, informado e inequívoco. Asimismo, la norma establece un régimen de especial tutela para los datos sensibles (salud, biometría, ideología, afiliación), cuyo tratamiento queda prohibido por regla general, salvo excepciones expresas previstas en la legislación.

Gobierno de datos, Oficial de Protección de Datos (OPD) y derechos del titular

La normativa impone a las organizaciones la adopción obligatoria de principios rectores de gobernanza, tales como la minimización de datos (recolectar únicamente lo estrictamente necesario), la exactitud, la confidencialidad y la limitación del plazo de conservación. Asimismo, se refuerza el catálogo de derechos para los titulares de la información, ampliando los tradicionales derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (derechos ARCO) hacia facultades avanzadas como el derecho a la portabilidad de datos en formatos estructurados y la limitación del tratamiento.

En el plano organizativo, la ley introduce la figura del Oficial de Protección de Datos (OPD) o Data Protection Officer (DPO). El OPD podrá formar parte de la nómina de la empresa o prestar sus servicios en modalidad externa mediante contrato de prestación de servicios. Esta figura asume el rol de supervisar el cumplimiento normativo interno, actuar como punto de contacto ante la autoridad de aplicación y canalizar las solicitudes presentadas por los titulares de los datos.

Protocolo de cumplimiento y adecuación corporativa

Considerando la severidad del régimen sancionatorio que entrará en plena aplicación —con multas administrativas y responsabilidad por daños—, las empresas que operan en el mercado paraguayo deben implementar un plan de adecuación por fases:

Inventario y mapeo de datos: Identificar los flujos de recolección de datos personales en todas las áreas operativas (recursos humanos, clientes, proveedores, canales digitales y plataformas e-commerce).

Revisión de contratos y políticas de privacidad: Actualizar los términos y condiciones, avisos de privacidad y contratos con encargados del tratamiento (proveedores de software, servicios de computación en la nube o liquidación de sueldos).

Implementación de medidas técnicas y organizativas: Adoptar protocolos de seguridad de la información para la gestión de incidentes de seguridad y brechas de datos (data breaches).

Durante este tiempo en curso, las autoridades trabajan en las normativas complementarias para definir los detalles operativos y obligaciones exactas.

Deducción fiscal de regalías en el IRE y su impacto en contratos de Propiedad Intelectual en Paraguay

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Análisis técnico sobre los límites de deducibilidad impositiva del IRE en el pago de regalías por marcas, patentes y tecnología. Registro ante la DINAPI y retenciones del IRNR.

En un mercado globalizado, la explotación de activos intangibles —como marcas registradas, patentes de invención, desarrollo de software y esquemas de know-how— representa uno de los pilares más relevantes para la competitividad empresarial. Sin embargo, cuando una filial u operativa paraguaya remite pagos en concepto de royalties o contratos de licencia a casas matrices o proveedores en el exterior, la operación deja de ser un simple trámite comercial para convertirse en un punto crítico de fiscalización impositiva.

Bajo el régimen del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) regulado en la Ley N.º 6380/19 y sus decretos reglamentarios, no basta con la existencia material del contrato de licencia. La legislación fiscal exige el cumplimiento estricto de criterios de deducibilidad fiscal, topes porcentuales y la correcta aplicación de retenciones en la fuente.

El rol de la DINAPI: Registro y validez jurídica del contrato

El primer error sustancial en la planificación tributaria corporativa consiste en asumir que la sola firma de un contrato transfronterizo de marca o tecnología valida su deducción impositiva. Para que las regalías sean plenamente deducibles y oponibles ante terceros, incluida la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), se exige la inscripción formal ante la DINAPI. Los contratos de licencia de marcas, patentes, modelos de utilidad y transferencia de tecnología deben ser registrados debidamente ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI).

Este procedimiento respalda directamente el criterio de sustancia, puesto que la inscripción ante la DINAPI acredita la validez del derecho de propiedad industrial y sostiene el principio de causalidad estipulado en el Artículo 15 de la Ley N.º 6380/19, demostrando fehacientemente que la erogación resulta necesaria para obtener y mantener la fuente productora de renta gravada.

Limitaciones impositivas y topes de deducibilidad en el IRE

La legislación paraguaya impone restricciones específicas a la deducción de gastos por intangibles, especialmente en operaciones estructuradas entre partes vinculadas. En cuanto a los límites porcentuales sobre la Renta Neta, el Artículo 15 de la Ley N.º 6380/19 y sus resoluciones operativas establecen topes estrictos a la deducibilidad de gastos por intangibles, asistencia técnica o servicios prestados desde el exterior. En caso de superar los márgenes autorizados sobre los ingresos brutos o la renta neta imponible del ejercicio, el excedente se considera automáticamente no deducible, incrementando la base imponible del IRE con la tasa del 10%.

Por otro lado, entran en juego las reglas de precios de transferencia reguladas en el Capítulo III de la misma norma. Si el pago de la regalía se realiza a una casa matriz o empresa del mismo grupo corporativo, la DNIT exige demostrar que el valor pactado responde estrictamente a precios de mercado bajo el principio de Arm’s Length. El uso de marcas no valoradas o la presencia de sobreprecios en el licenciamiento de software constituyen uno de los principales focos de ajuste durante un proceso de fiscalización impositiva.

Retenciones del IRNR y el IVA en servicios digitales o intangibles

La remisión de fondos al exterior por uso de propiedad intelectual activa obligaciones inmediatas como agente de retención. En primera instancia, aplica el Impuesto a la Renta de No Residentes (IRNR) con una tasa efectiva del 15% sobre la renta neta presunta. Esta generalmente se fija en el 30% del valor bruto remitido, derivando en una tasa efectiva de retención del 4.5% sobre el valor total, sin perjuicio de las tasas específicas aplicables según la naturaleza del intangible o la asistencia técnica.

A esta obligación se suma la retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), ya que el aprovechamiento del servicio o intangible en territorio paraguayo se encuentra gravado con la tasa general del 10% mediante el mecanismo de retención aplicable a no residentes.

Recomendaciones estratégicas de Compliance Fiscal y Corporativo

Para evitar contingencias y la apertura de sumarios administrativos ante la DNIT, las empresas deben adoptar un protocolo preventivo integral. Esto requiere iniciar con una rigorosa auditoría de activos intangibles para verificar la vigencia de los registros de marcas y patentes en la DINAPI antes de la firma de cualquier contrato de licencia, garantizando posteriormente el registro de contratos transfronterizos para formalizar e inscribir todo acuerdo de transferencia tecnológica o royalty.

De manera complementaria, la gestión de compliance tributario exige contar con un estudio de precios de transferencia que sirva como informe técnico de soporte si la transacción se realiza entre partes relacionadas, finalizando con el resguardo metódico de las constancias de retención del IRNR e IVA como respaldo indispensable para la liquidación definitiva del IRE.

El nuevo régimen de capacidad civil en Paraguay: impacto de la Ley N.º 7371/2025 en las operaciones corporativas y la publicidad registral en el RUN

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La promulgación de la Ley N.º 7371/2025 introduce una reforma estructural sin precedentes en el ordenamiento civil, procesal y registral de la República del Paraguay. Esta normativa modifica sustancialmente el régimen de la capacidad jurídica de las personas, sustituyendo concepciones históricas de carácter restrictivo por un modelo de derechos humanos alineado con los estándares internacionales vigentes. En términos de técnica jurídica, la nueva ley deja atrás de manera definitiva las figuras tradicionales de la interdicción, la declaración de insania y la curatela, modificando los supuestos de validez de los actos jurídicos.

Para el sector empresarial, los inversores transnacionales y los asesores en fusiones y adquisiciones (M&A), este cambio normativo posee implicancias críticas que trascienden el ámbito del derecho de familia o civil Puro. Toda transacción comercial de envergadura, la constitución de garantías reales, las transferencias de inmuebles y la conformación de órganos directivos societarios dependen directamente de la correcta verificación de la capacidad civil de las partes intervinientes. La modificación de estas reglas exige una reingeniería en los procesos de auditoría jurídica preventiva y análisis de riesgos.

Asimismo, el proceso de consolidación del nuevo ecosistema registral paraguayo obliga a coordinar estas reformas de fondo con las plataformas operativas del Estado. El advenimiento del nuevo marco legal exige que toda la documentación judicial y notarial sea procesada bajo nuevos criterios de publicidad y tracto registral, donde el margen para la informalidad o el arrastre de terminologías derogadas ha quedado completamente suprimido.

La sustitución del modelo de sustitución por el sistema de apoyos y salvaguardias

El núcleo de la Ley N.º 7371/2025 radica en la transición de un sistema de sustitución de la voluntad (donde el curador suplantaba las decisiones del interdicto) a un modelo de toma de decisiones con apoyo. El nuevo ordenamiento paraguayo define con precisión tres categorías jurídicas fundamentales que deben ser dominadas por las direcciones legales corporativas:

  • Incapacidad Absoluta: reservada de forma restrictiva para supuestos específicos previstos en la ley, donde la persona se encuentra imposibilitada de manifestar su voluntad por cualquier medio imaginable.
  • Capacidad Restringida: la regla general para las situaciones que requieran un marco de acompañamiento modulado judicialmente, donde la persona conserva su titularidad y ejercicio de derechos, pero sujeta a un diseño de asistencia a la medida de sus necesidades.
  • Personas de Apoyo: figuras designadas formalmente por vía judicial o por la propia persona de manera anticipada, cuya función no es suplantar la voluntad del sujeto, sino facilitar la comprensión, comunicación y ejecución de los actos jurídicos válidos.

Este cambio modifica la validez de los negocios jurídicos. Un contrato comercial, un acta de asamblea accionaria o una escritura pública de transferencia patrimonial celebrada sin la concurrencia o validación de las Personas de Apoyo judicialmente inscritas para un sujeto con capacidad restringida puede ser declarada nula, generando contingencias económicas severas para las organizaciones que no ejecutaron controles previos rigurosos.

El requerimiento del RUN: adecuación obligatoria en Anotaciones Personales

La eficacia de este nuevo marco de capacidad civil depende de su correcta publicidad frente a terceros de buena fe. En este punto, el Registro Unificado Nacional (RUN) ha emitido directrices e instrucciones de carácter vinculante para todo el esquema judicial y notarial del país.

Toda la documentación judicial dirigida a la Sección de Anotaciones Personales del RUN debe adecuarse estrictamente a la terminología, institutos y alcances determinados por la Ley N.º 7371/2025. Los juzgados y tribunales de la República del Paraguay ya no pueden remitir oficios, mandamientos o sentencias empleando los conceptos de interdicción o curatela. Cualquier documento que pretenda inscribirse utilizando figuras derogadas será objeto de rechazo u observación automática por parte de los analistas registrales, paralizando la publicidad del acto y los trámites conexos.

Este requerimiento administrativo es indispensable para garantizar la coherencia del sistema de interoperabilidad de datos del Estado. La Sección de Anotaciones Personales del RUN constituye el registro matriz donde se validan las inhibiciones, quiebras y las restricciones a la capacidad de disposición. Si un expediente judicial presenta desajustes técnicos en su redacción, la seguridad jurídica de las transacciones inmobiliarias y societarias vinculadas a dichos sujetos queda comprometida de forma inmediata, afectando los plazos y la viabilidad de los negocios.

El impacto crítico en el Due Diligence inmobiliario y corporativo

En el escenario económico actual, caracterizado por una fiscalización digital masiva y una unificación de los registros bajo el esquema del Registro Unificado Nacional (RUN) en Paraguay, los procesos de debida diligencia legal deben actualizar de forma inmediata sus matrices de control.

Al auditar una sociedad mercantil o estructurar la adquisición de activos inmobiliarios o industriales de gran escala, los asesores jurídicos deben verificar:

  • La vigencia y los alcances exactos de los certificados expedidos por la Sección de Anotaciones Personales bajo la nueva codificación de la Ley N.º 7371/2025.
  • La designación formal, límites de actuación y facultades de las Personas de Apoyo inscritas, confirmando que cuenten con la autorización judicial específica para actos de disposición patrimonial si la resolución así lo exige.
  • La consistencia documental de los antecedentes de dominio del inmueble o de los títulos accionarios, asegurando que no existan procesos de transición de curatelas antiguas a los nuevos sistemas de apoyo que se encuentren pendientes de inscripción registral.

La omisión de estas verificaciones técnicas rompe el estándar de la buena fe registral y expone a los inversores locales y extranjeros a litigios de alta complejidad. La digitalización integrada del RUN permite que estos cruces informativos se analicen con mayor velocidad, pero también incrementa la visibilidad de cualquier falla formal ante los ojos del fisco y de los tribunales.

Estrategia preventiva y gobierno corporativo avanzado

La adecuación a la Ley N.º 7371/2025 exige que las empresas implementen políticas de gobierno corporativo proactivas. Las juntas de directores, los departamentos de recursos humanos y los comités de cumplimiento deben revisar sus contratos de trabajo de alta gerencia, los poderes generales de administración y disposición, y los estatutos sociales.

Resulta aconsejable establecer cláusulas de salvaguardia y protocolos específicos de validación de capacidad en contratos complejos de tracto sucesivo o en consorcios de inversión. Mitigar el riesgo legal requiere anticipar los efectos de la reforma, adoptando auditorías legales preventivas que aseguren la perfecta correspondencia entre las decisiones del directorio y las constancias inscritas en las Anotaciones Personales de la administración unificada.

Esta disciplina técnica en la gestión del riesgo civil y corporativo es el factor determinante para preservar la seguridad jurídica en un mercado que avanza hacia la sofisticación de sus controles institucionales, donde la regularidad formal es la única garantía de permanencia y estabilidad para las corporaciones.

Criterio profesional y perspectiva de la firma

El análisis de las reformas de fondo en el derecho civil paraguayo exige una lectura que trascienda lo puramente doctrinario para enfocarse en la viabilidad económica de los negocios.

El nuevo régimen introducido por la Ley N.º 7371/2025 representa un avance incuestionable en materia de derechos humanos y modernización institucional, pero su implementación práctica impone un estándar de diligencia sumamente elevado para las empresas.

La unificación del sistema registral bajo la plataforma del RUN expone de forma inmediata cualquier asimetría o error en la confección de los expedientes judiciales y escrituras de transferencias. En la consultoría corporativa senior, la anticipación sigue siendo la mejor defensa legal. Las organizaciones no pueden asumir de forma ingenua que los títulos de capacidad o los poderes otorgados bajo el esquema anterior conservan su validez sin una verificación exhaustiva frente a los nuevos registros de apoyos y anotaciones personales. Diseñar estructuras contractuales blindadas frente a estas transiciones normativas es la responsabilidad fundamental de una asesoría jurídica estratégica de alta complejidad.

Referencias normativas y administrativas:

  • Ley N.º 7371/2025 – Que establece el régimen de capacidad civil de las personas con discapacidad y el sistema de apoyos y salvaguardias en la República del Paraguay.
  • Ley N.º 1183/1985 – Código Civil Paraguayo y sus modificaciones.
  • Acordadas y directrices técnicas de la Corte Suprema de Justicia y de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP) relativas al Registro Unificado Nacional (RUN) y la Sección de Anotaciones Personales correspondientes al ejercicio 2026.
  • Tratados Internacionales – Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), ratificada por el Estado paraguayo.

 

Vencimiento SIARA: Registro obligatorio y beneficiarios finales para S.A. y S.R.L. (Vence el 30 de junio)

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El cumplimiento de las obligaciones relativas a la transparencia corporativa y la declaración de estructuras informativas enfrenta una fecha límite crítica en el calendario empresarial de Paraguay. El Sistema Integrado de Administración de los Registros Administrativos (SIARA), administrado bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), constituye el eje central de fiscalización de los datos societarios y de control efectivo dentro de la República del Paraguay.

Para la alta dirección, los gerentes de área y los asesores corporativos, la gestión oportuna de esta plataforma electrónica no debe ser interpretada como un simple requerimiento formal de carácter contable, sino como un elemento medular de la seguridad jurídica y de la continuidad operativa de la firma. La consistencia en el cruce de datos y la declaración veraz de los beneficiarios son factores críticos sometidos a un escrutinio cada vez más automatizado por parte del Estado.

Afrontar este proceso con la debida anticipación y rigor jurídico permite mitigar riesgos de sanciones impositivas severas y bloqueos operacionales en el circuito financiero local, protegiendo los activos estratégicos de la empresa frente a la rigidez de los plazos administrativos.

Confirmación de vencimiento y rechazo de prórrogas

Confirmación de Vencimiento: El vencimiento para la inscripción y actualización anual en el sistema SIARA mantiene de forma estricta su fecha límite para mañana, 30 de junio de 2026, para todas las Sociedades Anónimas (S.A.), Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) y organizaciones sin fines de lucro no alcanzadas por la Ley N.º 7363/24.

Si bien el Colegio de Contadores del Paraguay (CCP) presentó una solicitud formal de prórroga los días 25 y 26 de junio debido a las dificultades técnicas detectadas en la validación de firmas digitales y la sobrecarga de la plataforma, el MEF no ha emitido ningún comunicado de postergación ni prórroga oficial. Por lo tanto, legalmente el plazo expira mañana, haciéndose efectivas las multas impositivas y bloqueos financieros de forma inmediata a partir del 1 de julio en caso de incumplimiento.

El marco legal de la Ley N.° 6446/19 y el control estatal

El funcionamiento del SIARA se fundamenta en los mandatos de la Ley N.° 6446/19, disposición de orden público que crea el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y el Registro de Beneficiarios Finales. Esta ley responde a los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de transparencia fiscal, lucha contra la opacidad corporativa y prevención de riesgos financieros dentro del mercado regional.

La normativa exige la identificación precisa de la cadena de control efectivo de las sociedades mercantiles. Esto implica que la autoridad no solo analiza la titularidad formal de las acciones o cuotas sociales, sino que busca determinar quiénes son las personas físicas que, en última instancia, poseen la potestad de dirigir las decisiones comerciales, el uso de activos o el destino de los dividendos generados por la persona jurídica.

El tratamiento integrado de estas obligaciones societarias se vincula estrechamente con las directrices desarrolladas en nuestro análisis técnico sobre compliance tributario y planificación internacional: buenas prácticas para operar con solvencia en 2026, donde se destaca que la transparencia en las estructuras internas es el pilar fundamental para mitigar contingencias ante las auditorías avanzadas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Sujetos obligados y el alcance del beneficiario final

La obligación anual regulada por el SIARA abarca de manera transversal a las formas jurídicas de mayor adopción en el entorno empresarial de Paraguay. El alcance objetivo incluye de forma taxativa a:

  • Sociedades Anónimas (S.A.): obligadas a transparentar sus registros de acciones, transferencias y actas de asamblea donde se determinen modificaciones en el capital social o en la composición del directorio.
  • Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.R.L.): que deben mantener actualizados los datos relativos a la titularidad de sus cuotas sociales y las gerencias designadas.
  • Sucursales extranjeras y holdings internacionales: que operen dentro del territorio nacional, debiendo justificar la identidad de sus casas matrices y los controlantes finales en el exterior.

La declaración del beneficiario final exige rigurosidad técnica. Se define como tal a la persona física que, de forma directa o indirecta, posee una participación mínima del 10 % del capital o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerce el control de la toma de decisiones estratégicas. En estructuras corporativas complejas, donde intervienen fideicomisos o sociedades vehiculares en múltiples jurisdicciones, la debida diligencia documental se vuelve una herramienta de alta gerencia obligatoria.

Consecuencias de la omisión: sanciones impositivas y bloqueos financieros

El marco impositivo y administrativo de Paraguay contempla consecuencias punitivas severas para las entidades que incumplan con la carga o validación de datos en los plazos previstos. A partir del primer día de vigencia del incumplimiento, el sistema de control integrado activa restricciones automáticas de alto impacto patrimonial.

Las implicancias legales y económicas se desglosan en tres ejes restrictivos:

  • Sanciones pecuniarias directas: la aplicación de multas fijadas en jornadas de salarios mínimos modificados, que representan costos imprevistos considerables para la tesorería de la organización.
  • Suspensión del estatus corporativo: la inhabilitación para inscribir actos societarios, modificaciones estatutarias, aumentos de capital o reorganizaciones comerciales ante la Dirección General de los Registros Públicos.
  • Bloqueo total en el sistema bancario nacional: la prohibición para las entidades financieras de realizar aperturas de cuentas, procesar transferencias de fondos nacionales o internacionales, o liquidar desembolsos de créditos comerciales.

Este último punto posee la capacidad de paralizar de forma inmediata la cadena de pagos de la empresa, impidiendo la cancelación de obligaciones impositivas ordinarias, el abono de planillas salariales o el cobro de facturas comerciales, comprometiendo gravemente la reputación corporativa en el mercado.

La necesidad de un análisis jurídico especializado

La carga de datos en la plataforma electrónica no debe ser tratada de manera empírica. La complejidad técnica en la validación de las firmas electrónicas calificadas, la interpretación de las actas de asamblea y la declaración de estructuras con capital transfronterizo exigen un criterio jurídico fundado y especializado.

Frente a las fricciones informáticas y el escrutinio automatizado de los registros, el soporte técnico legal de un equipo senior proporciona la previsibilidad necesaria para resguardar las operaciones de la firma. La intervención de la dirección del despacho, encabezada por la abogada especialista Dra. Sandra M. Pasmor, asegura el correcto encuadre normativo de los antecedentes societarios, mitigando de forma integral el riesgo de observaciones administrativas o de rechazos intempestivos por parte de los analistas ministeriales.

El diseño de una estructura corporativa sólida no se limita a la redacción del pacto social; requiere que cada actualización ante los registros administrativos actúe en perfecta armonía con los lineamientos globales de gobierno corporativo y cumplimiento legal avanzado.

El vencimiento del plazo para la declaración en el SIARA constituye un hito ineludible que exige una acción firme y estratégica por parte de la alta gerencia. Ante la firmeza de la autoridad de aplicación y la inminencia del inicio del régimen sancionatorio, las Sociedades Anónimas y las Sociedades de Responsabilidad Limitada deben ejecutar sus procesos de validación de manera inmediata.

La regularidad registral ante el Ministerio de Economía y Finanzas no representa un coste administrativo aislado, sino el resguardo legal indispensable para la operatividad bancaria, la estabilidad patrimonial y la proyección económica de las organizaciones en Paraguay. Mitigar el riesgo mediante el análisis técnico y preventivo de la documentación interna es la única vía metodológica segura para consolidar un crecimiento sustentable en un entorno regulatorio exigente y automatizado.

El ecosistema financiero en Paraguay: El reto de la bancarización corporativa en un mercado en transformación

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La obtención de la calificación crediticia soberana de «BBB-» por parte de la agencia Standard & Poor’s Global Ratings en diciembre de 2025 consolidó formalmente el grado de inversión para Paraguay. Este hito macroeconómico ha posicionado al país como uno de los destinos más activos de América Latina para la radicación de capital extranjero y la estructuración de proyectos a gran escala. No obstante, esta asombrosa evolución macroeconómica contrasta con un cuello de botella de carácter operativo a nivel micro: el reto de la bancarización corporativa para inversores y directivos no residentes.

La apertura de cuentas bancarias de empresa y la emisión de tarjetas de crédito para directivos extranjeros se han convertido en una de las mayores fuentes de fricción de la práctica administrativa. Para navegar con éxito por este ecosistema sin comprometer los plazos de puesta en marcha del negocio, las empresas deben comprender las razones regulatorias detrás de este comportamiento financiero y adoptar estrategias de cumplimiento preventivo de alta sofisticación técnica.

La paradoja operativa del inversionista extranjero

Mientras que la captación de inversión extranjera directa es priorizada por políticas públicas y programas gubernamentales, el sistema financiero local presenta obstáculos que han sido calificados gremialmente como un auténtico «vía crucis» documentario. En foros empresariales recientes, como los organizados por el Club de Ejecutivos del Paraguay, representantes de de agencias de inversión internacional han cuestionado severamente las trabas burocráticas que los inversores extranjeros deben enfrentar para gestiones corporativas de carácter básico.

Esta paradoja operativa genera demoras significativas que terminan por desalentar la radicación fluida de capitales. La imposibilidad de habilitar con celeridad una cuenta corriente empresarial impide la inyección de capital operativo, el pago a proveedores y la formalización contable del negocio. Sin embargo, la aparente rigidez de la banca tradicional paraguaya no responde a una falta de dinamismo comercial, sino a la estricta alineación con normativas globales y nacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).

El fenómeno del «De-risking» y la corresponsalía bancaria internacional

Para comprender la prudencia de las entidades financieras locales, es fundamental analizar el concepto técnico de de-risking (reducción o remoción del riesgo). Los bancos paraguayos dependen de relaciones sólidas con bancos corresponsales extranjeros, principalmente en los Estados Unidos y Europa, para poder procesar transacciones internacionales de divisas. Los reguladores de esas jurisdicciones extranjeras imponen multas multimillonarias y exigen a sus bancos un nivel de conocimiento de extrema rigurosidad respecto a todas las operaciones de intermediación que realicen.

Ante la complejidad y el costo de aplicar una debida diligencia ampliada a mercados percibidos con menor transparencia en el control de beneficiarios finales, los bancos globales optan frecuentemente por el de-risking.

Para un banco paraguayo, la pérdida de su corresponsalía bancaria implicaría un aislamiento financiero devastador que impediría a sus clientes importar, exportar o realizar giros internacionales.

Por consiguiente, la banca local adopta políticas de admisión sumamente conservadoras y prefiere denegar cuentas a estructuras con componentes no residentes antes de arriesgar su conexión financiera internacional.

Los estándares de GAFILAT y las exigencias de SEPRELAD

El sistema financiero de Paraguay se encuentra bajo el monitoreo permanente de los estándares de cumplimiento del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), cuya última evaluación mutua impuso al país la tarea de consolidar la efectividad de sus mecanismos preventivos. Como sujetos obligados ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), las instituciones financieras deben aplicar de manera indelegable rigurosos procedimientos de debida diligencia.

La Resolución SEPRELAD N.º 233/05 (y su posterior actualización mediante la Resolución N.º 312/06) establece que las entidades financieras deben identificar con absoluta certeza la identidad de sus clientes, el origen lícito de sus fondos y la estructura real de sus beneficiarios finales. Un aspecto crítico de la Resolución N.º 233/05 es que prohíbe taxativamente a los de intermediarios o terceros realizar la delegación de responsabilidades sobre la verificación del cliente. Cada proceso de Onboarding de un ejecutivo o corporación extranjera requiere, por tanto, un análisis manual minucioso y un expediente documentario impecable.

El laberinto administrativo del «No Residente»: Cédula, RUC y SIARA

El principal obstáculo de entrada para directivos e inversores extranjeros es el requerimiento tradicional de poseer la Cédula de Identidad paraguaya vigente para la habilitación de cuentas corrientes y la concesión de tarjetas de crédito. Los bancos paraguayos imponen como política interna que los firmantes cuenten con residencia legal formalizada en el país. Intentar abrir cuentas de servicios completos bajo el estatus de turista o no residente es un proceso complejo y, en la mayoría de los casos, infructuoso.

A esta barrera personal se suma la complejidad del registro societario corporativo. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales, exige que las asambleas, modificaciones estatutarias y beneficiarios finales sean declarados y actualizados mediante el Sistema Integrado de Administración de los Registros Administrativos (SIARA), de conformidad con la Ley N.º 6446/19 y la Ley N.º 7363/24.[1, 2] Las empresas deben registrar obligatoriamente de forma previa a su Representante Legal en el SIARA antes de poder interactuar con las administraciones públicas y entidades del sistema financiero.[3, 4] Asimismo, los inmuebles y activos registrables deben estar plenamente validados bajo el nuevo Registro Unificado Nacional (RUN) [5], lo que añade capas de fiscalización y debida diligencia de las que los bancos se valen antes de admitir a una nueva corporación.[6, 7]

La barrera doméstica: El estrangulamiento financiero de las MIPYMES locales

La problemática de la bancarización no es de carácter exclusivo para los actores extranjeros. En el plano local, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) —las cuales representan aproximadamente el 70 % de la población económicamente activa y abarcan a unas 250.000 unidades productivas formales en el país— enfrentan un escenario igualmente restrictivo. Las trabas burocráticas y el exceso de exigencias documentales por parte de la banca tradicional limitan de manera drástica el acceso de estas empresas a cuentas bancarias corporativas y servicios financieros avanzados.

En la práctica de los negocios locales, las pequeñas empresas denuncian de forma sistemática la imposibilidad de cumplir con requisitos que resultan desproporcionados para la escala de sus operaciones, tales como la exigencia de un garante personal en momentos de desaceleración económica o la presentación de una excesiva cantidad de documentos históricos de facturación y balances para aperturas comerciales básicas. Este fenómeno se agudiza al considerar que el 65 % de las microempresas en Paraguay operan bajo un alto grado de informalidad, lo que las excluye de manera directa de la intermediación bancaria tradicional.

El «de-risking» interno y los límites de la Cuenta Básica MIPYMES

Para mitigar estas asimetrías de inclusión y responder al dinamismo de las empresas locales, la SEPRELAD, en coordinación con el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Viceministerio de MIPYMES, aprobó la calificación de la Cuenta Básica MIPYMES como un producto de bajo riesgo. Esta iniciativa busca simplificar sustancialmente la política KYC (Know Your Customer) mediante la validación directa de la Cédula MIPYMES vigente, reduciendo costos operativos de Onboarding.

Sin embargo, a pesar de este esfuerzo regulatorio por romper el círculo de la informalidad, la medida cuenta con límites operativos significativos.

La Cuenta Básica MIPYMES está sujeta a topes transaccionales estrictos y no habilita los servicios financieros complejos que una empresa en crecimiento requiere para su expansión, como las cuentas corrientes con chequera, operaciones en moneda extranjera o tarjetas corporativas completas. Al mismo tiempo, los bancos y financieras, obligados a cumplir con la estricta gestión de riesgos bajo las Resoluciones SEPRELAD N.º 70/19 y N.º 254/20, prefieren aplicar medidas de debida diligencia ampliada o, en su defecto, recurrir al de-risking interno, denegando o retrasando la apertura de cuentas para pequeñas empresas locales cuyo volumen de negocio no justifica el costo operativo del compliance regulatorio.

La respuesta institucional: la mesa de trabajo de Junio de 2026

Ante la urgencia de preservar la competitividad nacional y agilizar el clima de negocios en esta era post-grado de inversión, el sector público y la banca privada conformaron en junio de 2026 una mesa de trabajo estratégica. Liderada por el Viceministerio de Industria, Javier Viveros, en esta mesa participan activamente representantes de la SEPRELAD (bajo la coordinación técnica del viceministro Pablo Rojas Pichler), el Ministerio de Economía y Finanzas, el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (SUACE), la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) y la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.

El objetivo de este equipo de trabajo es diseñar y presentar en un plazo máximo de 60 días un mecanismo unificado y ágil de apertura de cuentas bancarias para inversionistas extranjeros. Este procedimiento simplificado buscará reducir la burocracia y unificar los criterios documentales entre las entidades financieras, sin flexibilizar los estándares internacionales de prevención del lavado de dinero, garantizando un ecosistema financiero competitivo y alineado con los requerimientos de GAFILAT.

Estructuración jurídica y mitigación preventiva del riesgo financiero

Mientras el procedimiento unificado se implementa, las empresas no deben paralizar sus decisiones de inversión, sino adoptar un enfoque de cumplimiento preventivo estructurado. En el diseño de estas estructuras de entrada al mercado, la socia directora de Pasmor Abogados, la abogada Sandra M. Pasmor, destaca la importancia de coordinar de forma transversal las áreas societaria, regulatoria y cambiaria para preparar un expediente corporativo de alta calidad técnica que mitigue preventivamente los cuestionamientos del oficial de cumplimiento del banco.

Para mitigar con éxito el descalce temporal de la residencia y agilizar la bancarización, las corporaciones e inversores de alto patrimonio neto (HNWIs) disponen de herramientas estratégicas clave:

  • Poder Especial de Representación: La utilización de un poder de representación (Power of Attorney) inscripto legalmente permite a asesores jurídicos locales iniciar los trámites de apertura de la cuenta bancaria corporativa desde el extranjero, seleccionando las entidades financieras que mejor se adapten al modelo de negocio.
  • El Paraguay Investor Pass (Resolución MIC N.º 283/2026): Este nuevo programa de radicación permanente directa permite a los inversores internacionales obtener su estatus legal en plazos acelerados que oscilan entre 5 y 90 días, eliminando la fase de residencia temporal de dos años. A través de inversiones pasivas admisibles en el mercado de valores, bienes raíces o turismo, el inversor califica de manera inmediata para la obtención de su Cédula de Identidad paraguaya, destrabando el principal requisito exigido por la banca local.
  • Auditoría de cumplimiento tributario y corporativo previo: Garantizar que la constitución societaria, el origen lícito de los fondos y las proyecciones de distribución de dividendos estén documentados con absoluta transparencia y conforme al compliance tributario y la planificación internacional, reduce los tiempos de debida diligencia de la entidad bancaria, evitando el bloqueo preventivo del expediente.

El compliance bancario como activo competitivo

El reto de la bancarización corporativa en Paraguay demuestra que, en un mercado financiero en constante transformación, la velocidad del negocio depende directamente del rigor normativo. La digitalización de las plataformas y los nuevos esfuerzos coordinados del Gobierno y la banca privada para agilizar el Onboarding de inversores extranjeros redefinen las reglas del juego para operar en el país. En este entorno sofisticado, las empresas e inversores de gran envergadura que consideren el compliance bancario no como un obstáculo burocrático, sino como un activo de competitividad, lograrán consolidar sus operaciones bajo el más alto estándar de seguridad jurídica.

Referencias

  • Resolución SEPRELAD N.º 233/2005 y Resolución N.º 312/2006 de prevención de lavado de activos.
  • Resolución SEPRELAD N.º 70/2019 y Resolución N.º 254/2020 de gestión de riesgos para bancos y financieras.
  • Ley N.º 6446/19 de Transparencia Societaria y Registro de Beneficiarios Finales.[1, 2]
  • Resolución MIC N.º 0283/2026 reguladora del programa «Paraguay Investor Pass».[9, 10]
  • Mesa de Trabajo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y Asoban, junio de 2026.

La Gestión del Riesgo Fiscal Algorítmico: Lecciones Estratégicas tras el Taller Internacional DNIT-FMI de Mayo de 2026

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La fiscalización tributaria en Paraguay ha completado su transición hacia un modelo de control preventivo, silencioso y permanentemente digitalizado. La tradicional auditoría ex-post, caracterizada por revisiones físicas y requerimientos documentales puntuales, ha sido reemplazada por una infraestructura de fiscalización algorítmica capaz de procesar millones de datos transaccionales en tiempo real. En esta coyuntura, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) ha consolidado su posición técnica como uno de los organismos de control más avanzados de la región.

Un hito fundamental en esta evolución se registró a finales de mayo de 2026, con la celebración del taller sobre Facturación Electrónica organizado conjuntamente por la DNIT y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este encuentro técnico de alta gobernanza reunió a expertos internacionales con el objetivo de optimizar el uso del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN) en el diseño de matrices de control inteligente. Para los directores financieros (CFOs) y los comités de auditoría corporativa, las conclusiones de estas mesas de trabajo definen la nueva hoja de ruta de la conformidad tributaria en el país.

La integración de datos ya no se limita a verificar la correspondencia numérica de un balance contable; ahora, la inteligencia artificial de los sistemas estatales analiza la sustancia económica del negocio, el perfil transaccional de los proveedores y la consistencia entre los flujos aduaneros y los márgenes de utilidad declarados en el mercado doméstico. El cumplimiento tributario ha dejado de ser un mero trámite administrativo periódico para transformarse en una disciplina de mitigación de riesgo corporativo diario.

En el presente análisis de coyuntura, se examinan los ejes centrales del taller internacional DNIT-FMI, los mecanismos de cruce algorítmico del SIFEN, las implicancias jurídicas de las inconsistencias digitales y las pautas estratégicas de control preventivo que deben adoptar las compañías para operar con seguridad jurídica en Paraguay.

El Taller Internacional DNIT-FMI: Arquitectura del Control Inteligente

El taller internacional desarrollado por la DNIT y la Misión de Asistencia Técnica del FMI en mayo de 2026 se centró en potenciar las capacidades analíticas de la administración tributaria a través del aprovechamiento de los datos masivos generados por el SIFEN. El deba te técnico se estructuró sobre cuatro ejes de especial relevancia para la planificación impositiva de las medianas y grandes empresas:

  • Gobernanza y Arquitectura Institucional: Fortalecimiento de la coordinación interna para integrar de manera definitiva el flujo de información de la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos.
  • Calidad y Consistencia de la Información Digitalizada: Implementación de algoritmos de depuración para asegurar que los Documentos Electrónicos (DE) emitidos no contengan discrepancias lógicas antes de ser validados por el sistema.
  • Gestión de Riesgo Fiscal por Perfiles: Diseño de modelos matemáticos que asignan un índice de riesgo de cumplimiento individual a cada contribuyente en función de su comportamiento transaccional, historial de cumplimiento y relaciones con terceros.
  • Control y Cobranza Fundamentados en Datos: Automatización de los procesos de intimación y cobro coactivo a partir de las alertas generadas por diferencias en la facturación y la recaudación declarada.

Este despliegue tecnológico se sustenta jurídicamente en la progresiva implementación de la Ley N.º 7444/2025 y su respectivo Decreto Reglamentario N.º 4535/2025, marcos normativos orientados a facilitar la formalización corporativa a través de la interoperabilidad de sistemas públicos. La validación inmediata de las facturas electrónicas por el SIFEN proporciona al fisco una bitácora detallada de las compras y ventas de la empresa, haciendo que cualquier anomalía sea visible al instante para los algoritmos del Sistema Marangatu.

SIFEN y el Cruce Automatizado de Información en Tiempo Real

La masificación del uso del SIFEN ha modificado las reglas de juego de las auditorías impositivas. Anteriormente, la detección de discrepancias requería que la autoridad tributaria iniciara un proceso formal de fiscalización. En la actualidad, el control es permanente y preventivo:

  • Importaciones versus Declaraciones Internas: Los valores, volúmenes de carga y clasificaciones arancelarias declaradas ante aduanas se contrastan automáticamente con las declaraciones de IVA y renta empresarial. El análisis de estas variables se profundiza con las pautas de compliance aduanero y riesgo fiscal en Paraguay, donde cualquier desviación en la valoración aduanera dispara una alarma inmediata en el sistema integrado tributario.
  • Trazabilidad y Márgenes de Ganancia: Mediante el rastreo electrónico del SIFEN, los algoritmos de la DNIT evalúan el margen de utilidad bruto de las operaciones posteriores a la importación o fabricación de bienes, identificando de manera automática la venta de productos por debajo del costo de adquisición o la alteración artificial de precios de transferencia entre entidades vinculadas.
  • Registro de Comprobantes Virtuales (RG 90/2021): La confirmación electrónica del talonario de compras y ventas alimenta una base de datos centralizada que cruza la información declarada por el comprador con la informada por el vendedor, anulando la posibilidad de simulación de gastos o deducciones sin respaldo real.

El uso sistemático de macrodatos permite a la DNIT identificar patrones de riesgo fiscal sin necesidad de una inspección presencial inmediata, emitiendo de manera automatizada notificaciones masivas de advertencia ante la menor inconsistencia registrada.

De la Inconsistencia Digital a la Sanción Corporativa y Civil

Un error frecuente en la alta gerencia es considerar que los desajustes detectados por el sistema representan simples inconsistencias contables o informáticas subsanables sin mayor impacto legal. No obstante, en el ecosistema legal paraguayo moderno, estas alertas representan el inicio de contingencias jurídicas que afectan directamente el patrimonio de los directores de la sociedad.

Las diferencias de de pareceres detectadas por el cruce del SIFEN que deriven en la presunción de subvaloración, omisión de ingresos o simulación de pasivos pueden interpretarse por la DNIT como indicios de defraudación fiscal. Ante estas conductas, las normativas vigentes delimitan con precisión el alcance y los riesgos societarios, tal como se detalla en el análisis de la responsabilidad tributaria de administradores y socios en Paraguay. La falta de supervisión adecuada de los controles internos o la negligencia en la toma de decisiones contables por parte del directorio puede desencadenar la responsabilidad civil solidaria e ilimitada de los administradores por las deudas tributarias y sanciones que afecten a la persona jurídica.

Estrategias de Mitigación de Riesgos ante la Fiscalización Digital

Para navegar de manera segura en un entorno regido por el control algorítmico del riesgo fiscal, las corporaciones deben reconfigurar sus departamentos internos y dotarlos de herramientas de cumplimiento que operen bajo la misma lógica que la administración tributaria. Se recomienda la adopción de las siguientes directrices estratégicas:

  • Auditoría Digital Interna Preventiva (Pre-matching): Implementar soluciones tecnológicas que ejecuten conciliaciones diarias automáticas entre la base de datos de facturas electrónicas emitidas y recibidas del SIFEN frente a los registros cargados en el Sistema Marangatu, identificando diferencias antes de la presentación de las declaraciones mensuales.
  • Coherencia Documental y Multiregistral: Asegurar la correspondencia absoluta de los datos contables no solo frente a las declaraciones impositivas, sino ante los nuevos sistemas de registro civil e inmobiliario integrados, tales como el RUN y SIGRE en Paraguay, garantizando la consistencia en el origen de fondos y la titularidad patrimonial.
  • Debida Diligencia sobre Proveedores (KYC Fiscal): Evaluar periódicamente el estatus tributario de los proveedores recurrentes de la firma, confirmando que no se encuentren bajo sumario administrativo de la DNIT o catalogados como emisores de facturas de contenido falso, reduciendo el riesgo de impugnación de créditos fiscales de IVA o deducibilidad en el IRE.

Las lecciones del Taller Internacional DNIT-FMI de mayo de 2026 confirman que la gestión del riesgo fiscal en el Paraguay moderno ya no se resuelve en la fase de liquidación de impuestos, sino en la calidad e integridad del dato transaccional diario de la empresa.

En una jurisdicción donde las bases de datos de aduanas, impuestos internos, catastros y registros públicos avanzan decididamente hacia una interconexión informática total, la consistencia operativa y el compliance preventivo constituyen las únicas herramientas de protección y seguridad real para el inversionista y la dirección corporativa.

PCG Auditores Consultores Presenta su Nueva Identidad Corporativa y Reafirma su Alianza Estratégica con Sandra M. Pasmor

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La reconocida firma de servicios profesionales PCG Auditores Consultores celebró recientemente la revelación de su nueva identidad visual y corporativa en un encuentro exclusivo que reunió a destacados profesionales, directivos y aliados del ámbito empresarial en Asunción. Esta transformación responde a una profunda visión de futuro de la organización, consolidando su posicionamiento como un actor estratégico y de referencia en el competitivo mercado de la consultoría, auditoría y asesoramiento de alta exigencia en Paraguay.

Con una trayectoria que se remonta a su constitución en octubre de 2007, PCG ha mantenido un crecimiento sostenido, logrando una participación relevante en el ámbito contable y tributario a nivel nacional. La renovación de su identidad corporativa no representa únicamente un cambio de carácter estético, sino la evolución e integración de herramientas tecnológicas y metodologías analíticas avanzadas, alineadas con los desafíos fiscales y regulatorios que caracterizan el entorno corporativo del primer semestre de 2026.

Durante el exclusivo encuentro de presentación, se destacó la importancia de la sinergia profesional y el trabajo interdisciplinario para abordar las complejidades de la gobernanza empresarial moderna. En este contexto, el evento contó con la participación especial de la abogada Sandra M. Pasmor, quien intervino en calidad de estrecha colaboradora de la firma para el análisis legal, societario y de cumplimiento impositivo internacional.

El fortalecimiento de esta colaboración técnica estratégica entre auditores y asesores legales especializados es clave en un escenario donde los procesos de fiscalización del Estado paraguayo avanzan decididamente hacia modelos de cruces masivos y auditoría algorítmica automatizada. En el presente informe, se detallan los pilares de la nueva identidad corporativa de PCG y el valor de su alianza con especialistas legales para el blindaje de las operaciones corporativas.

Sinergia Profesional: La colaboración con Sandra M. Pasmor

La unificación de aduanas e impuestos bajo la estructura centralizada de la DNIT y la paulatina exigencia del SIFEN exigen que las empresas ya no analicen sus balances financieros de forma aislada. En el Paraguay contemporáneo con grado de inversión, la exactitud contable debe ir estrictamente acompañada de un blindaje en el cumplimiento del derecho preventivo.

La participación activa de la abogada Sandra M. Pasmor, directora y fundadora del estudio jurídico especializado en derecho impositivo y societario, aporta una dimensión analítica de alta complejidad a las prácticas de auditoría impositiva del equipo. Esta colaboración legal de carácter transversal asegura que los resultados financieros de las corporaciones resistan los rigurosos de cruces de datos fiscales y eviten contingencias de responsabilidad de directores.

Esta estrecha alianza multidisciplinaria consolida soluciones de valor en de alta criticidad para las corporaciones, tales como:

  • Auditoría Impositiva de Base Legal: Análisis preventivo y de la consistencia de las actas de asamblea y los registros societarios frente a las nuevas exigencias de Notas obligatorias establecidas por la DNIT.
  • Cumplimiento de Estructuras Complejas: Soporte especializado para la reubicación de capitales extranjeros, reestructuraciones corporativas de gran escala y la mitigación de controversias aduaneras y de valoración de mercaderías en frontera.

La presentación oficial de la nueva identidad visual de PCG Auditores Consultores marca un hito en la madurez del sector de la consultoría en Paraguay, ratificando que el éxito de los negocios globales requiere de un compromiso inquebrantable con la ética, el rigor técnico y la innovación metodológica. En un mercado sofisticado que avanza hacia la transparencia digital, la alianza estratégica e interdisciplinaria con asesores y profesionales del derecho preventivo se consolida como el verdadero motor de la seguridad jurídica y el crecimiento sostenible corporativo. Bajo esta visión compartida de excelencia profesional, el estudio especializado Pasmor Abogados celebra este paso estratégico de su aliada, reafirmando el compromiso conjunto de proteger y fortalecer las de inversión en el país.