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En los últimos años, el entorno regulatorio empresarial en Paraguay ha experimentado cambios sustanciales impulsados por los estándares del GAFILAT y las exigencias internacionales contra la corrupción y el lavado de dinero. El cumplimiento normativo (compliance) se ha consolidado como un requerimiento esencial para operar con el sistema financiero, contratar con el Estado y proteger legalmente a la alta dirección.

Marco legal de la responsabilidad penal corporativa

Aunque tradicionalmente el derecho penal se enfocaba en personas físicas, la legislación paraguaya contempla mecanismos de sanción e impacto directo sobre las organizaciones:

  • Código Penal (Ley N.º 1160/97): Permite imponer sanciones patrimoniales directas como el comiso de ganancias, multas corporativas e inhabilitaciones operativas cuando los ilícitos se cometen en beneficio o a través de la empresa.
  • Prevención de Lavado de Dinero (Ley N.º 1015/97 y Ley N.º 6497/19): Asigna responsabilidad directa a las entidades calificadas como Sujetos Obligados por fallas u omisiones en sus sistemas de control de prevención de lavado de activos (PLA/FT).
  • Regulación y Supervisión: La SEPRELAD exige la implementación de matrices de riesgo corporativo y la designación formal de un Oficial de Cumplimiento con autonomía operativa.

El programa de Compliance como Eximente o Atenuante

Un sistema de compliance corporativo efectivo actúa como un esquema de prevención, detección y mitigación de riesgos operativos y penales dentro de la organización.

Acreditación de la Debida Diligencia: Contar con controles internos idóneos permite demostrar ante el Ministerio Público que la alta dirección actuó con diligencia, previniendo que la empresa sea imputada o considerada vehículo del delito.

Atenuación de Sanciones Administrativas: Instituciones como la DNIT y la SEPRELAD valoran los programas de control interno al momento de graduar posibles multas o sanciones. Puede evaluar más sobre este tipo de fiscalizaciones en nuestro artículo sobre el Control bancario automatizado por la DNIT.

Acceso al Sistema Financiero e Inversión: Minimiza el riesgo en los procesos de Know Your Customer (KYC) aplicados por entidades bancarias locales e internacionales.

Protocolos de Due Diligence de contrapartes

La relación con terceros (proveedores, distribuidores, contratistas y socios comerciales) representa una de las mayores fuentes de riesgo penal indirecto para las empresas.

Verificación en Listas Internacionales: Control automatizado en bases de datos de sancionados (OFAC, ONU, Interpol y listas PEP).

Identificación de Beneficiarios Finales: Transparencia en la cadena de mando e integración del capital social para prevenir estructuras de ocultamiento.

Cláusulas Anti-Corrupción: Inclusión de garantías contractuales de cumplimiento normativo (normas anticorrupción, FCPA, UK Bribery Act) y facultades de rescisión inmediata ante indicios de ilícitos.

Si su organización gestiona contratos de representación o alianzas internacionales, puede revisar nuestra guía sobre Contratos de distribución y representación en Paraguay.

Responsabilidad directa de administradores y directores

El marco penal paraguayo prevé la responsabilidad de los directores y administradores por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones o por omitir los deberes de supervisión sobre sus subordinados.

  • Deber de Vigilancia: La falta de implementación de controles razonables puede generar responsabilidad civil y penal para el Directorio en caso de ilícitos corporativos.
  • Independencia del Oficial de Cumplimiento: Requiere asignación de recursos, independencia jerárquica y canales directos de reporte al órgano de gobierno superior de la empresa.

Los Joint Ventures (JV) y las alianzas estratégicas son herramientas utilizadas por empresas nacionales y extranjeras para desarrollar proyectos en Paraguay, combinando capital, tecnología, conocimiento y capacidades operativas.

Una correcta estructuración jurídica permite definir desde el inicio la participación de los socios, la gobernanza, la distribución de riesgos y los mecanismos de salida.

Principales estructuras de Joint Venture

El proyecto puede estructurarse mediante un Joint Venture corporativo, creando una sociedad independiente en Paraguay, cuando las partes colaboran sin constituir una nueva persona jurídica.

En el primer caso pueden utilizarse estructuras como la Sociedad Anónima (S.A.) o la Empresa por Acciones Simplificada (EAS). Los socios pueden complementar los estatutos con un Acuerdo de Accionistas (Shareholders’ Agreement) para regular derechos, obligaciones y decisiones estratégicas.

En estructuras contractuales, los consorcios y acuerdos de colaboración permiten coordinar recursos y responsabilidades manteniendo la autonomía jurídica de cada participante.

Gobernanza y resolución de conflictos

En los Joint Ventures internacionales es fundamental establecer reglas claras sobre la administración, representación y toma de decisiones.

Los acuerdos pueden contemplar mayorías especiales, derechos de veto y decisiones reservadas para asuntos como aumentos de capital, endeudamiento, venta de activos relevantes o modificaciones sustanciales del negocio.

También es recomendable prever mecanismos para resolver situaciones de deadlock o bloqueo societario, mediante negociación, opciones de compra o venta y, como último recurso, la disolución de la estructura.

Aspectos regulatorios y fiscales

La estructura debe adaptarse al sector del proyecto. En infraestructura, contrataciones públicas, agronegocios y Real Estate pueden existir requisitos regulatorios específicos que deben ser analizados previamente.

Desde el punto de vista fiscal, la elección del vehículo puede incidir en el IRE, el IDU y la distribución o repatriación de utilidades. Por ello, la planificación societaria y tributaria debe realizarse de manera coordinada.

Una estructura adecuada para cada inversión

La implementación de un Joint Venture en Paraguay requiere analizar no solo la participación económica de los socios, sino también la gobernanza, los riesgos, el cumplimiento regulatorio y las condiciones de salida.

 

La consolidación operativa de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) ha transformado las exigencias para los actores del comercio exterior en Paraguay. Con la emisión de la Resolución General DNIT N.º 51/2026, la autoridad fiscal y aduanera ha establecido un nuevo marco regulatorio para el Registro de Personas Vinculadas a la Actividad Aduanera, reforzando los controles administrativos, los procesos de renovación y la validación tecnológica de las garantías operativas.Esta normativa abarca de manera directa a importadores, exportadores, despachantes de aduana y demás auxiliares del comercio internacional. Su cumplimiento riguroso resulta indispensable para prevenir la suspensión de las matrículas operativas y garantizar el flujo ininterrumpido de las operaciones de despacho.

Nuevos requisitos administrativos para la renovación de habilitaciones

El marco normativo unificado busca garantizar que las firmas operadoras cuenten con plena coherencia entre su perfil tributario interno y su trayectoria aduanera. Entre las adecuaciones requeridas en el registro institucional destacan:

Cumplimiento tributario integral: exigencia de contar con el Certificado de Cumplimiento Tributario al día y sin inconsistencias pendientes en el Sistema Marangatu.

Actualización de datos societarios: inscripción obligatoria de la estructura directiva, domicilio fiscal verificado y actualización de beneficiarios finales.

Acreditación de solvencia y garantías: presentación ajustada a los nuevos parámetros de evaluación de riesgo patrimonial y de cumplimiento para auxiliares aduaneros.

Transmisión de pólizas digitales y automatización del registro

Uno de los avances más relevantes fijados por la normativa es la implementación obligatoria de la transmisión de pólizas digitales para las cauciones y pólizas de seguro de fidelidad o cumplimiento aduanero.

El intercambio electrónico entre las compañías aseguradoras y la administración tributaria elimina los trámites en formato físico y automatiza la actualización de garantías en el sistema informático SOFIA.

El incumplimiento o el vencimiento no cubierto de estas pólizas genera bloqueos automáticos en el perfil del operador, lo que impide la oficialización de nuevos despachos de importación o la salida de cargas de exportación.

Prevención de suspensiones y mitigación de riesgos operativos

Para las organizaciones con operaciones continuas de comercio transfronterizo, cualquier interrupción en el registro aduanero puede generar costos extraordinarios por sobreestadía de contenedores, demoras logísticas e incumplimientos contractuales internacionales.

Por ello, la gestión preventiva del expediente aduanero requiere un monitoreo sistemático de los plazos de vencimiento, las garantías operativas y los requerimientos de la autoridad controladora.

Contar con una adecuada estructura de asesoramiento legal en comercio exterior e inversión extranjera permite auditar preventivamente los requisitos de la firma, validar la vigencia de las garantías ante la DNIT y responder con agilidad a los requerimientos de la autoridad impositiva.

La adecuación oportuna a la RG DNIT N.º 51/2026 contribuye al mantenimiento de la matrícula operativa y fortalece la posición de la empresa como operador confiable ante la administración tributaria y aduanera del Paraguay.