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Ley N.º 7593/2025 de Protección de Datos Personales en Paraguay

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Marco regulatorio y el cambio de paradigma en el tratamiento de datos

La promulgación de la Ley N.º 7593/2025 «De Protección de Datos Personales en la República del Paraguay» constituye el hito normativo más trascendental en materia de privacidad corporativa e institucional en la historia legislativa del país.

Previo a la sanción de este cuerpo normativo integral, el tratamiento de la información personal se encontraba disperso en disposiciones constitucionales y regulaciones sectoriales limitadas, lo que generaba vacíos operativos y contingencias legales para el tráfico transfronterizo de información.

Inspirada en los estándares del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea y marcos regionales, la ley establece un régimen general aplicable al tratamiento de datos personales por parte de personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, establecidas en Paraguay o cuyas actividades impacten en residentes locales.

Con un período de adaptación (vacatio legis) de 24 meses (hasta noviembre de 2027) desde su promulgación por el Poder Ejecutivo, las organizaciones cuentan con una ventana temporal crítica para adecuar sus arquitecturas de cumplimiento técnico y corporativo ante la futura supervisión de la Autoridad de Protección de Datos Personales.

Bases legales para el tratamiento y superación del consentimiento único

Uno de los avances más sustanciales que introduce la Ley N.º 7593/2025 es la diversificación de las bases jurídicas que legitiman el tratamiento de datos. El marco regulatorio abandona el modelo centrado de forma exclusiva en el consentimiento expreso del titular, incorporando alternativas operativas para el tráfico mercantil y corporativo:

Cumplimiento de obligaciones legales y contractuales: El tratamiento resulta lícito cuando es estrictamente indispensable para la ejecución de un contrato en el que el titular es parte o para la aplicación de medidas precontractuales, así como para el cumplimiento de exigencias regulatorias o tributarias impuestas al responsable.

Satisfacción de intereses legítimos: Se habilita el tratamiento motivado por el interés legítimo del responsable o de terceros, siempre que sobre dicho interés no prevalezcan los derechos fundamentales o libertades del titular. Esta figura requiere de un juicio de ponderación previo y documentado por parte de la empresa.

Protección de intereses vitales y funciones públicas: Habilita la gestión de datos cuando sea necesario para proteger la vida, la integridad física o la salud del titular, así como para el ejercicio regular de funciones asignadas por ley a los Organismos y Entidades del Estado.

En aquellos supuestos donde el consentimiento siga siendo la base aplicable, este debe ser libre, específico, informado e inequívoco. Asimismo, la norma establece un régimen de especial tutela para los datos sensibles (salud, biometría, ideología, afiliación), cuyo tratamiento queda prohibido por regla general, salvo excepciones expresas previstas en la legislación.

Gobierno de datos, Oficial de Protección de Datos (OPD) y derechos del titular

La normativa impone a las organizaciones la adopción obligatoria de principios rectores de gobernanza, tales como la minimización de datos (recolectar únicamente lo estrictamente necesario), la exactitud, la confidencialidad y la limitación del plazo de conservación. Asimismo, se refuerza el catálogo de derechos para los titulares de la información, ampliando los tradicionales derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (derechos ARCO) hacia facultades avanzadas como el derecho a la portabilidad de datos en formatos estructurados y la limitación del tratamiento.

En el plano organizativo, la ley introduce la figura del Oficial de Protección de Datos (OPD) o Data Protection Officer (DPO). El OPD podrá formar parte de la nómina de la empresa o prestar sus servicios en modalidad externa mediante contrato de prestación de servicios. Esta figura asume el rol de supervisar el cumplimiento normativo interno, actuar como punto de contacto ante la autoridad de aplicación y canalizar las solicitudes presentadas por los titulares de los datos.

Protocolo de cumplimiento y adecuación corporativa

Considerando la severidad del régimen sancionatorio que entrará en plena aplicación —con multas administrativas y responsabilidad por daños—, las empresas que operan en el mercado paraguayo deben implementar un plan de adecuación por fases:

Inventario y mapeo de datos: Identificar los flujos de recolección de datos personales en todas las áreas operativas (recursos humanos, clientes, proveedores, canales digitales y plataformas e-commerce).

Revisión de contratos y políticas de privacidad: Actualizar los términos y condiciones, avisos de privacidad y contratos con encargados del tratamiento (proveedores de software, servicios de computación en la nube o liquidación de sueldos).

Implementación de medidas técnicas y organizativas: Adoptar protocolos de seguridad de la información para la gestión de incidentes de seguridad y brechas de datos (data breaches).

Durante este tiempo en curso, las autoridades trabajan en las normativas complementarias para definir los detalles operativos y obligaciones exactas.

Deducción fiscal de regalías en el IRE y su impacto en contratos de Propiedad Intelectual en Paraguay

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Análisis técnico sobre los límites de deducibilidad impositiva del IRE en el pago de regalías por marcas, patentes y tecnología. Registro ante la DINAPI y retenciones del IRNR.

En un mercado globalizado, la explotación de activos intangibles —como marcas registradas, patentes de invención, desarrollo de software y esquemas de know-how— representa uno de los pilares más relevantes para la competitividad empresarial. Sin embargo, cuando una filial u operativa paraguaya remite pagos en concepto de royalties o contratos de licencia a casas matrices o proveedores en el exterior, la operación deja de ser un simple trámite comercial para convertirse en un punto crítico de fiscalización impositiva.

Bajo el régimen del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) regulado en la Ley N.º 6380/19 y sus decretos reglamentarios, no basta con la existencia material del contrato de licencia. La legislación fiscal exige el cumplimiento estricto de criterios de deducibilidad fiscal, topes porcentuales y la correcta aplicación de retenciones en la fuente.

El rol de la DINAPI: Registro y validez jurídica del contrato

El primer error sustancial en la planificación tributaria corporativa consiste en asumir que la sola firma de un contrato transfronterizo de marca o tecnología valida su deducción impositiva. Para que las regalías sean plenamente deducibles y oponibles ante terceros, incluida la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), se exige la inscripción formal ante la DINAPI. Los contratos de licencia de marcas, patentes, modelos de utilidad y transferencia de tecnología deben ser registrados debidamente ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI).

Este procedimiento respalda directamente el criterio de sustancia, puesto que la inscripción ante la DINAPI acredita la validez del derecho de propiedad industrial y sostiene el principio de causalidad estipulado en el Artículo 15 de la Ley N.º 6380/19, demostrando fehacientemente que la erogación resulta necesaria para obtener y mantener la fuente productora de renta gravada.

Limitaciones impositivas y topes de deducibilidad en el IRE

La legislación paraguaya impone restricciones específicas a la deducción de gastos por intangibles, especialmente en operaciones estructuradas entre partes vinculadas. En cuanto a los límites porcentuales sobre la Renta Neta, el Artículo 15 de la Ley N.º 6380/19 y sus resoluciones operativas establecen topes estrictos a la deducibilidad de gastos por intangibles, asistencia técnica o servicios prestados desde el exterior. En caso de superar los márgenes autorizados sobre los ingresos brutos o la renta neta imponible del ejercicio, el excedente se considera automáticamente no deducible, incrementando la base imponible del IRE con la tasa del 10%.

Por otro lado, entran en juego las reglas de precios de transferencia reguladas en el Capítulo III de la misma norma. Si el pago de la regalía se realiza a una casa matriz o empresa del mismo grupo corporativo, la DNIT exige demostrar que el valor pactado responde estrictamente a precios de mercado bajo el principio de Arm’s Length. El uso de marcas no valoradas o la presencia de sobreprecios en el licenciamiento de software constituyen uno de los principales focos de ajuste durante un proceso de fiscalización impositiva.

Retenciones del IRNR y el IVA en servicios digitales o intangibles

La remisión de fondos al exterior por uso de propiedad intelectual activa obligaciones inmediatas como agente de retención. En primera instancia, aplica el Impuesto a la Renta de No Residentes (IRNR) con una tasa efectiva del 15% sobre la renta neta presunta. Esta generalmente se fija en el 30% del valor bruto remitido, derivando en una tasa efectiva de retención del 4.5% sobre el valor total, sin perjuicio de las tasas específicas aplicables según la naturaleza del intangible o la asistencia técnica.

A esta obligación se suma la retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), ya que el aprovechamiento del servicio o intangible en territorio paraguayo se encuentra gravado con la tasa general del 10% mediante el mecanismo de retención aplicable a no residentes.

Recomendaciones estratégicas de Compliance Fiscal y Corporativo

Para evitar contingencias y la apertura de sumarios administrativos ante la DNIT, las empresas deben adoptar un protocolo preventivo integral. Esto requiere iniciar con una rigorosa auditoría de activos intangibles para verificar la vigencia de los registros de marcas y patentes en la DINAPI antes de la firma de cualquier contrato de licencia, garantizando posteriormente el registro de contratos transfronterizos para formalizar e inscribir todo acuerdo de transferencia tecnológica o royalty.

De manera complementaria, la gestión de compliance tributario exige contar con un estudio de precios de transferencia que sirva como informe técnico de soporte si la transacción se realiza entre partes relacionadas, finalizando con el resguardo metódico de las constancias de retención del IRNR e IVA como respaldo indispensable para la liquidación definitiva del IRE.