La promulgación de la Ley N.º 7371/2025 introduce una reforma estructural sin precedentes en el ordenamiento civil, procesal y registral de la República del Paraguay. Esta normativa modifica sustancialmente el régimen de la capacidad jurídica de las personas, sustituyendo concepciones históricas de carácter restrictivo por un modelo de derechos humanos alineado con los estándares internacionales vigentes. En términos de técnica jurídica, la nueva ley deja atrás de manera definitiva las figuras tradicionales de la interdicción, la declaración de insania y la curatela, modificando los supuestos de validez de los actos jurídicos.

Para el sector empresarial, los inversores transnacionales y los asesores en fusiones y adquisiciones (M&A), este cambio normativo posee implicancias críticas que trascienden el ámbito del derecho de familia o civil Puro. Toda transacción comercial de envergadura, la constitución de garantías reales, las transferencias de inmuebles y la conformación de órganos directivos societarios dependen directamente de la correcta verificación de la capacidad civil de las partes intervinientes. La modificación de estas reglas exige una reingeniería en los procesos de auditoría jurídica preventiva y análisis de riesgos.

Asimismo, el proceso de consolidación del nuevo ecosistema registral paraguayo obliga a coordinar estas reformas de fondo con las plataformas operativas del Estado. El advenimiento del nuevo marco legal exige que toda la documentación judicial y notarial sea procesada bajo nuevos criterios de publicidad y tracto registral, donde el margen para la informalidad o el arrastre de terminologías derogadas ha quedado completamente suprimido.

La sustitución del modelo de sustitución por el sistema de apoyos y salvaguardias

El núcleo de la Ley N.º 7371/2025 radica en la transición de un sistema de sustitución de la voluntad (donde el curador suplantaba las decisiones del interdicto) a un modelo de toma de decisiones con apoyo. El nuevo ordenamiento paraguayo define con precisión tres categorías jurídicas fundamentales que deben ser dominadas por las direcciones legales corporativas:

• Incapacidad Absoluta: reservada de forma restrictiva para supuestos específicos previstos en la ley, donde la persona se encuentra imposibilitada de manifestar su voluntad por cualquier medio imaginable.
• Capacidad Restringida: la regla general para las situaciones que requieran un marco de acompañamiento modulado judicialmente, donde la persona conserva su titularidad y ejercicio de derechos, pero sujeta a un diseño de asistencia a la medida de sus necesidades.
• Personas de Apoyo: figuras designadas formalmente por vía judicial o por la propia persona de manera anticipada, cuya función no es suplantar la voluntad del sujeto, sino facilitar la comprensión, comunicación y ejecución de los actos jurídicos válidos.

Este cambio modifica la validez de los negocios jurídicos. Un contrato comercial, un acta de asamblea accionaria o una escritura pública de transferencia patrimonial celebrada sin la concurrencia o validación de las Personas de Apoyo judicialmente inscritas para un sujeto con capacidad restringida puede ser declarada nula, generando contingencias económicas severas para las organizaciones que no ejecutaron controles previos rigurosos.

El requerimiento del RUN: adecuación obligatoria en Anotaciones Personales

La eficacia de este nuevo marco de capacidad civil depende de su correcta publicidad frente a terceros de buena fe. En este punto, el Registro Unificado Nacional (RUN) ha emitido directrices e instrucciones de carácter vinculante para todo el esquema judicial y notarial del país.

Toda la documentación judicial dirigida a la Sección de Anotaciones Personales del RUN debe adecuarse estrictamente a la terminología, institutos y alcances determinados por la Ley N.º 7371/2025. Los juzgados y tribunales de la República del Paraguay ya no pueden remitir oficios, mandamientos o sentencias empleando los conceptos de interdicción o curatela. Cualquier documento que pretenda inscribirse utilizando figuras derogadas será objeto de rechazo u observación automática por parte de los analistas registrales, paralizando la publicidad del acto y los trámites conexos.

Este requerimiento administrativo es indispensable para garantizar la coherencia del sistema de interoperabilidad de datos del Estado. La Sección de Anotaciones Personales del RUN constituye el registro matriz donde se validan las inhibiciones, quiebras y las restricciones a la capacidad de disposición. Si un expediente judicial presenta desajustes técnicos en su redacción, la seguridad jurídica de las transacciones inmobiliarias y societarias vinculadas a dichos sujetos queda comprometida de forma inmediata, afectando los plazos y la viabilidad de los negocios.

El impacto crítico en el Due Diligence inmobiliario y corporativo

En el escenario económico actual, caracterizado por una fiscalización digital masiva y una unificación de los registros bajo el esquema del Registro Unificado Nacional (RUN) en Paraguay, los procesos de debida diligencia legal deben actualizar de forma inmediata sus matrices de control.

Al auditar una sociedad mercantil o estructurar la adquisición de activos inmobiliarios o industriales de gran escala, los asesores jurídicos deben verificar:

• La vigencia y los alcances exactos de los certificados expedidos por la Sección de Anotaciones Personales bajo la nueva codificación de la Ley N.º 7371/2025.
• La designación formal, límites de actuación y facultades de las Personas de Apoyo inscritas, confirmando que cuenten con la autorización judicial específica para actos de disposición patrimonial si la resolución así lo exige.
• La consistencia documental de los antecedentes de dominio del inmueble o de los títulos accionarios, asegurando que no existan procesos de transición de curatelas antiguas a los nuevos sistemas de apoyo que se encuentren pendientes de inscripción registral.

La omisión de estas verificaciones técnicas rompe el estándar de la buena fe registral y expone a los inversores locales y extranjeros a litigios de alta complejidad. La digitalización integrada del RUN permite que estos cruces informativos se analicen con mayor velocidad, pero también incrementa la visibilidad de cualquier falla formal ante los ojos del fisco y de los tribunales.

Estrategia preventiva y gobierno corporativo avanzado

La adecuación a la Ley N.º 7371/2025 exige que las empresas implementen políticas de gobierno corporativo proactivas. Las juntas de directores, los departamentos de recursos humanos y los comités de cumplimiento deben revisar sus contratos de trabajo de alta gerencia, los poderes generales de administración y disposición, y los estatutos sociales.

Resulta aconsejable establecer cláusulas de salvaguardia y protocolos específicos de validación de capacidad en contratos complejos de tracto sucesivo o en consorcios de inversión. Mitigar el riesgo legal requiere anticipar los efectos de la reforma, adoptando auditorías legales preventivas que aseguren la perfecta correspondencia entre las decisiones del directorio y las constancias inscritas en las Anotaciones Personales de la administración unificada.

Esta disciplina técnica en la gestión del riesgo civil y corporativo es el factor determinante para preservar la seguridad jurídica en un mercado que avanza hacia la sofisticación de sus controles institucionales, donde la regularidad formal es la única garantía de permanencia y estabilidad para las corporaciones.

Criterio profesional y perspectiva de la firma

El análisis de las reformas de fondo en el derecho civil paraguayo exige una lectura que trascienda lo puramente doctrinario para enfocarse en la viabilidad económica de los negocios.

El nuevo régimen introducido por la Ley N.º 7371/2025 representa un avance incuestionable en materia de derechos humanos y modernización institucional, pero su implementación práctica impone un estándar de diligencia sumamente elevado para las empresas.

La unificación del sistema registral bajo la plataforma del RUN expone de forma inmediata cualquier asimetría o error en la confección de los expedientes judiciales y escrituras de transferencias. En la consultoría corporativa senior, la anticipación sigue siendo la mejor defensa legal. Las organizaciones no pueden asumir de forma ingenua que los títulos de capacidad o los poderes otorgados bajo el esquema anterior conservan su validez sin una verificación exhaustiva frente a los nuevos registros de apoyos y anotaciones personales. Diseñar estructuras contractuales blindadas frente a estas transiciones normativas es la responsabilidad fundamental de una asesoría jurídica estratégica de alta complejidad.

Referencias normativas y administrativas:

• Ley N.º 7371/2025 – Que establece el régimen de capacidad civil de las personas con discapacidad y el sistema de apoyos y salvaguardias en la República del Paraguay.
• Ley N.º 1183/1985 – Código Civil Paraguayo y sus modificaciones.
• Acordadas y directrices técnicas de la Corte Suprema de Justicia y de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP) relativas al Registro Unificado Nacional (RUN) y la Sección de Anotaciones Personales correspondientes al ejercicio 2026.
• Tratados Internacionales – Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), ratificada por el Estado paraguayo.