La obtención de la calificación crediticia soberana de «BBB-» por parte de la agencia Standard & Poor’s Global Ratings en diciembre de 2025 consolidó formalmente el grado de inversión para Paraguay. Este hito macroeconómico ha posicionado al país como uno de los destinos más activos de América Latina para la radicación de capital extranjero y la estructuración de proyectos a gran escala. No obstante, esta asombrosa evolución macroeconómica contrasta con un cuello de botella de carácter operativo a nivel micro: el reto de la bancarización corporativa para inversores y directivos no residentes.
La apertura de cuentas bancarias de empresa y la emisión de tarjetas de crédito para directivos extranjeros se han convertido en una de las mayores fuentes de fricción de la práctica administrativa. Para navegar con éxito por este ecosistema sin comprometer los plazos de puesta en marcha del negocio, las empresas deben comprender las razones regulatorias detrás de este comportamiento financiero y adoptar estrategias de cumplimiento preventivo de alta sofisticación técnica.
La paradoja operativa del inversionista extranjero
Mientras que la captación de inversión extranjera directa es priorizada por políticas públicas y programas gubernamentales, el sistema financiero local presenta obstáculos que han sido calificados gremialmente como un auténtico «vía crucis» documentario. En foros empresariales recientes, como los organizados por el Club de Ejecutivos del Paraguay, representantes de de agencias de inversión internacional han cuestionado severamente las trabas burocráticas que los inversores extranjeros deben enfrentar para gestiones corporativas de carácter básico.
Esta paradoja operativa genera demoras significativas que terminan por desalentar la radicación fluida de capitales. La imposibilidad de habilitar con celeridad una cuenta corriente empresarial impide la inyección de capital operativo, el pago a proveedores y la formalización contable del negocio. Sin embargo, la aparente rigidez de la banca tradicional paraguaya no responde a una falta de dinamismo comercial, sino a la estricta alineación con normativas globales y nacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).
El fenómeno del «De-risking» y la corresponsalía bancaria internacional
Para comprender la prudencia de las entidades financieras locales, es fundamental analizar el concepto técnico de de-risking (reducción o remoción del riesgo). Los bancos paraguayos dependen de relaciones sólidas con bancos corresponsales extranjeros, principalmente en los Estados Unidos y Europa, para poder procesar transacciones internacionales de divisas. Los reguladores de esas jurisdicciones extranjeras imponen multas multimillonarias y exigen a sus bancos un nivel de conocimiento de extrema rigurosidad respecto a todas las operaciones de intermediación que realicen.
Ante la complejidad y el costo de aplicar una debida diligencia ampliada a mercados percibidos con menor transparencia en el control de beneficiarios finales, los bancos globales optan frecuentemente por el de-risking.
Para un banco paraguayo, la pérdida de su corresponsalía bancaria implicaría un aislamiento financiero devastador que impediría a sus clientes importar, exportar o realizar giros internacionales.
Por consiguiente, la banca local adopta políticas de admisión sumamente conservadoras y prefiere denegar cuentas a estructuras con componentes no residentes antes de arriesgar su conexión financiera internacional.
Los estándares de GAFILAT y las exigencias de SEPRELAD
El sistema financiero de Paraguay se encuentra bajo el monitoreo permanente de los estándares de cumplimiento del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), cuya última evaluación mutua impuso al país la tarea de consolidar la efectividad de sus mecanismos preventivos. Como sujetos obligados ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), las instituciones financieras deben aplicar de manera indelegable rigurosos procedimientos de debida diligencia.
La Resolución SEPRELAD N.º 233/05 (y su posterior actualización mediante la Resolución N.º 312/06) establece que las entidades financieras deben identificar con absoluta certeza la identidad de sus clientes, el origen lícito de sus fondos y la estructura real de sus beneficiarios finales. Un aspecto crítico de la Resolución N.º 233/05 es que prohíbe taxativamente a los de intermediarios o terceros realizar la delegación de responsabilidades sobre la verificación del cliente. Cada proceso de Onboarding de un ejecutivo o corporación extranjera requiere, por tanto, un análisis manual minucioso y un expediente documentario impecable.
El laberinto administrativo del «No Residente»: Cédula, RUC y SIARA
El principal obstáculo de entrada para directivos e inversores extranjeros es el requerimiento tradicional de poseer la Cédula de Identidad paraguaya vigente para la habilitación de cuentas corrientes y la concesión de tarjetas de crédito. Los bancos paraguayos imponen como política interna que los firmantes cuenten con residencia legal formalizada en el país. Intentar abrir cuentas de servicios completos bajo el estatus de turista o no residente es un proceso complejo y, en la mayoría de los casos, infructuoso.
A esta barrera personal se suma la complejidad del registro societario corporativo. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales, exige que las asambleas, modificaciones estatutarias y beneficiarios finales sean declarados y actualizados mediante el Sistema Integrado de Administración de los Registros Administrativos (SIARA), de conformidad con la Ley N.º 6446/19 y la Ley N.º 7363/24.[1, 2] Las empresas deben registrar obligatoriamente de forma previa a su Representante Legal en el SIARA antes de poder interactuar con las administraciones públicas y entidades del sistema financiero.[3, 4] Asimismo, los inmuebles y activos registrables deben estar plenamente validados bajo el nuevo Registro Unificado Nacional (RUN) [5], lo que añade capas de fiscalización y debida diligencia de las que los bancos se valen antes de admitir a una nueva corporación.[6, 7]
La barrera doméstica: El estrangulamiento financiero de las MIPYMES locales
La problemática de la bancarización no es de carácter exclusivo para los actores extranjeros. En el plano local, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) —las cuales representan aproximadamente el 70 % de la población económicamente activa y abarcan a unas 250.000 unidades productivas formales en el país— enfrentan un escenario igualmente restrictivo. Las trabas burocráticas y el exceso de exigencias documentales por parte de la banca tradicional limitan de manera drástica el acceso de estas empresas a cuentas bancarias corporativas y servicios financieros avanzados.
En la práctica de los negocios locales, las pequeñas empresas denuncian de forma sistemática la imposibilidad de cumplir con requisitos que resultan desproporcionados para la escala de sus operaciones, tales como la exigencia de un garante personal en momentos de desaceleración económica o la presentación de una excesiva cantidad de documentos históricos de facturación y balances para aperturas comerciales básicas. Este fenómeno se agudiza al considerar que el 65 % de las microempresas en Paraguay operan bajo un alto grado de informalidad, lo que las excluye de manera directa de la intermediación bancaria tradicional.
El «de-risking» interno y los límites de la Cuenta Básica MIPYMES
Para mitigar estas asimetrías de inclusión y responder al dinamismo de las empresas locales, la SEPRELAD, en coordinación con el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Viceministerio de MIPYMES, aprobó la calificación de la Cuenta Básica MIPYMES como un producto de bajo riesgo. Esta iniciativa busca simplificar sustancialmente la política KYC (Know Your Customer) mediante la validación directa de la Cédula MIPYMES vigente, reduciendo costos operativos de Onboarding.
Sin embargo, a pesar de este esfuerzo regulatorio por romper el círculo de la informalidad, la medida cuenta con límites operativos significativos.
La Cuenta Básica MIPYMES está sujeta a topes transaccionales estrictos y no habilita los servicios financieros complejos que una empresa en crecimiento requiere para su expansión, como las cuentas corrientes con chequera, operaciones en moneda extranjera o tarjetas corporativas completas. Al mismo tiempo, los bancos y financieras, obligados a cumplir con la estricta gestión de riesgos bajo las Resoluciones SEPRELAD N.º 70/19 y N.º 254/20, prefieren aplicar medidas de debida diligencia ampliada o, en su defecto, recurrir al de-risking interno, denegando o retrasando la apertura de cuentas para pequeñas empresas locales cuyo volumen de negocio no justifica el costo operativo del compliance regulatorio.
La respuesta institucional: la mesa de trabajo de Junio de 2026
Ante la urgencia de preservar la competitividad nacional y agilizar el clima de negocios en esta era post-grado de inversión, el sector público y la banca privada conformaron en junio de 2026 una mesa de trabajo estratégica. Liderada por el Viceministerio de Industria, Javier Viveros, en esta mesa participan activamente representantes de la SEPRELAD (bajo la coordinación técnica del viceministro Pablo Rojas Pichler), el Ministerio de Economía y Finanzas, el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (SUACE), la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) y la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.
El objetivo de este equipo de trabajo es diseñar y presentar en un plazo máximo de 60 días un mecanismo unificado y ágil de apertura de cuentas bancarias para inversionistas extranjeros. Este procedimiento simplificado buscará reducir la burocracia y unificar los criterios documentales entre las entidades financieras, sin flexibilizar los estándares internacionales de prevención del lavado de dinero, garantizando un ecosistema financiero competitivo y alineado con los requerimientos de GAFILAT.
Estructuración jurídica y mitigación preventiva del riesgo financiero
Mientras el procedimiento unificado se implementa, las empresas no deben paralizar sus decisiones de inversión, sino adoptar un enfoque de cumplimiento preventivo estructurado. En el diseño de estas estructuras de entrada al mercado, la socia directora de Pasmor Abogados, la abogada Sandra M. Pasmor, destaca la importancia de coordinar de forma transversal las áreas societaria, regulatoria y cambiaria para preparar un expediente corporativo de alta calidad técnica que mitigue preventivamente los cuestionamientos del oficial de cumplimiento del banco.
Para mitigar con éxito el descalce temporal de la residencia y agilizar la bancarización, las corporaciones e inversores de alto patrimonio neto (HNWIs) disponen de herramientas estratégicas clave:
- Poder Especial de Representación: La utilización de un poder de representación (Power of Attorney) inscripto legalmente permite a asesores jurídicos locales iniciar los trámites de apertura de la cuenta bancaria corporativa desde el extranjero, seleccionando las entidades financieras que mejor se adapten al modelo de negocio.
- El Paraguay Investor Pass (Resolución MIC N.º 283/2026): Este nuevo programa de radicación permanente directa permite a los inversores internacionales obtener su estatus legal en plazos acelerados que oscilan entre 5 y 90 días, eliminando la fase de residencia temporal de dos años. A través de inversiones pasivas admisibles en el mercado de valores, bienes raíces o turismo, el inversor califica de manera inmediata para la obtención de su Cédula de Identidad paraguaya, destrabando el principal requisito exigido por la banca local.
- Auditoría de cumplimiento tributario y corporativo previo: Garantizar que la constitución societaria, el origen lícito de los fondos y las proyecciones de distribución de dividendos estén documentados con absoluta transparencia y conforme al compliance tributario y la planificación internacional, reduce los tiempos de debida diligencia de la entidad bancaria, evitando el bloqueo preventivo del expediente.
El compliance bancario como activo competitivo
El reto de la bancarización corporativa en Paraguay demuestra que, en un mercado financiero en constante transformación, la velocidad del negocio depende directamente del rigor normativo. La digitalización de las plataformas y los nuevos esfuerzos coordinados del Gobierno y la banca privada para agilizar el Onboarding de inversores extranjeros redefinen las reglas del juego para operar en el país. En este entorno sofisticado, las empresas e inversores de gran envergadura que consideren el compliance bancario no como un obstáculo burocrático, sino como un activo de competitividad, lograrán consolidar sus operaciones bajo el más alto estándar de seguridad jurídica.
Referencias
- Resolución SEPRELAD N.º 233/2005 y Resolución N.º 312/2006 de prevención de lavado de activos.
- Resolución SEPRELAD N.º 70/2019 y Resolución N.º 254/2020 de gestión de riesgos para bancos y financieras.
- Ley N.º 6446/19 de Transparencia Societaria y Registro de Beneficiarios Finales.[1, 2]
- Resolución MIC N.º 0283/2026 reguladora del programa «Paraguay Investor Pass».[9, 10]
- Mesa de Trabajo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y Asoban, junio de 2026.
