La Ley N.º 7614/2025 es la normativa conocida popularmente como la “Ley Antimafia de Pagarés” (oficialmente denominada Ley que establece mecanismos de saneamiento para juicios ejecutivos y restituciones de títulos de crédito)
El pagaré es una herramienta clave de financiación en Paraguay. Sin embargo, su uso inadecuado —como la emisión de documentos en blanco, cobros duplicados o esquemas de usura— ha impulsado la iniciativa conocida como la Ley «Antimafia de Pagarés». Esta propuesta busca garantizar la trazabilidad, transparencia y buena fe en la emisión y ejecución de títulos de crédito.
El origen de la reforma
El uso informal de estos instrumentos generó graves abusos en el sistema judicial:
Ejecuciones duplicadas: Cobros del mismo título por el acreedor originario y un tercero adquirente.
Adulteración de montos: Alteración de cifras y fechas de vencimiento en documentos en blanco.
Falta de devolución: Deudores que saldan la deuda pero no reciben el documento original cancelado.
Cambios clave en la validez y ejecución
| Aspecto | Antes de la Reforma | Con la Ley «Antimafia de Pagarés» |
|---|---|---|
| Pagarés en blanco | Práctica habitual tolerada | Invalidez procesal si carecen de contrato de respaldo. |
| Relación causal | Título autónomo e independiente | Exigencia de vinculación con la factura o contrato originario. |
| Medios de pago | Recibos informales en efectivo | Comprobantes de pago trazables (transferencias bancarias o cheques). |
| Cesión del crédito | Sin rigor en la notificación | Obligatoriedad de notificar fehacientemente al deudor. |
Pautas para acreedores y empresas
Para asegurar el cobro judicial sin riesgos de anulaciones, las empresas deben adoptar tres medidas esenciales:
- Documentar el origen: Respaldar cada pagaré con un contrato o factura comercial.
- Notificar la cesión: Comunicar formalmente al deudor cualquier transferencia de la cartera de crédito.
- Devolver el título: Entregar el pagaré físico cancelado o una constancia formal de anulación tras el pago.
Protección y garantías para el deudor
La normativa otorga mejores herramientas de defensa ante cobros abusivos:
Oposición de excepciones: Posibilidad de frenar ejecuciones demostrando pagos bancarios.
Acciones legales por usura: Habilitación de denuncias penales directas ante la ejecución de pagarés alterados o ya cancelados.
La reforma protege el derecho del acreedor a cobrar lo adeudado, al tiempo que erradica el uso fraudulento de los títulos de crédito. Adoptar buenas prácticas de trazabilidad contable garantiza ejecuciones de cobro rápidas y seguras.
