El debate público generado en torno al denominado caso Ueno ha puesto en el centro de la agenda empresarial y regulatoria dos cuestiones jurídicas de alta sensibilidad para el ecosistema financiero nacional: los estándares legales exigibles para la protección y custodia de datos biométricos en Paraguay y la rigurosidad técnica del régimen de intervención y resolución bancaria previsto en la legislación vigente.

Para las entidades financieras, empresas tecnológicas (fintech), directivos corporativos e inversores institucionales, resulta fundamental distinguir entre las hipótesis mediáticas y las disposiciones estrictas que rigen la seguridad de la información y la supervisión prudencial del sistema financiero paraguayo.

Protección de datos biométricos y responsabilidad corporativa en el sector financiero

La digitalización de los servicios bancarios y la incorporación de tecnologías de reconocimiento facial como mecanismo de validación de identidad (onboarding digital) implican el tratamiento de información altamente sensible. A diferencia de una contraseña convencional, los datos biométricos constituyen atributos físicos únicos e inalterables de las personas, por lo que su vulneración conlleva riesgos irreversibles.

Desde una óptica de cumplimiento normativo preventivo, las entidades que recolectan, almacenan o procesan este tipo de información deben garantizar:

Consentimiento expreso e informado: El titular de los datos debe conocer con precisión la finalidad de la recolección, los plazos de conservación y las condiciones bajo las cuales su información será resguardada o transferida a terceros proveedores tecnológicos.

Estándares de ciberseguridad y trazabilidad: Implementación de protocolos de cifrado avanzado, auditorías periódicas de vulnerabilidad y controles de acceso estrictos que impidan el uso no autorizado o la filtración de bases de datos.

Responsabilidad frente a terceros: Cuando la custodia o el procesamiento de datos se delega a proveedores externos, la entidad financiera mantiene su deber legal de diligencia y supervisión continua sobre la cadena de tratamiento.

Para profundizar en las obligaciones empresariales vinculadas a la prevención de riesgos tecnológicos y normativos, recomendamos consultar nuestro análisis sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas y programas de Compliance Corporativo en Paraguay.

El régimen legal de intervención y resolución bancaria: La Ley N.º 2334/03

De manera paralela al debate sobre la privacidad de los datos, la coyuntura ha reavivado el interés técnico sobre los mecanismos legales diseñados para salvaguardar el ahorro público y la estabilidad del sistema financiero. En Paraguay, esta materia se encuentra regulada de forma específica por la Ley N.º 2334/2003, «De Garantía de Depósitos y Resolución de Entidades de Intermediación Financiera Sujetas de la Ley General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito».

Esta normativa establece un procedimiento reglado, progresivo y estrictamente técnico que excluye cualquier margen de discrecionalidad, estructurándose en etapas claramente diferenciadas:

  • Plan de Regularización: Ante el detectamiento de deficiencias patrimoniales, de liquidez o infracciones a las normas prudenciales, la Superintendencia de Bancos exige a la entidad la presentación y ejecución de un plan de saneamiento bajo supervisión intensiva.
  • Causales de Resolución Bancaria: Únicamente cuando se verifican causales taxativas —como la insolvencia manifiesta, la inviabilidad o incumplimiento del plan de regularización, o la reducción crítica del patrimonio efectivo— el Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) dispone la resolución de la entidad.
  • Mecanismos de exclusión de activos y pasivos: La ley prioriza la continuidad operativa de los depósitos y la protección de los ahorristas mediante la transferencia de activos y pasivos privilegiados hacia otras entidades solventes del sistema, minimizando el impacto sistémico.

Supervisión prudencial y certidumbre jurídica para el mercado

La solidez institucional del marco regulatorio financiero constituye uno de los pilares de la seguridad jurídica del país. El cumplimiento estricto de las normas prudenciales y de gobierno corporativo permite que las entidades operen bajo parámetros internacionales de solvencia y transparencia.

Para conocer las disposiciones reglamentarias y circulares vigentes emitidas por la autoridad monetaria y de supervisión financiera, puede consultar el sitio oficial del Banco Central del Paraguay (BCP). Asimismo, puede explorar nuestro análisis sobre el clima de inversión y la certidumbre jurídica en Paraguay.

Conclusiones preventivas para directivos y entidades reguladas

La convergencia entre innovación tecnológica y regulación financiera exige a las empresas adoptar matrices de riesgo integrales. La gobernanza de datos personales y el respeto irrestricto a las normativas de supervisión bancaria no son meros requisitos formales, sino activos estratégicos indispensables para preservar la confianza del mercado y la continuidad del negocio.

Ante el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank S.A. dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP) mediante la Resolución N.º 1, Acta N.º 49 del 2 de noviembre de 2026, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) emitió la Resolución General DNIT N.º 60/2026. La normativa busca mitigar el impacto operativo y financiero en empresas, contribuyentes y operadores de comercio exterior que mantenían fondos o cuentas recaudadoras vinculadas a dicha entidad.

Sin embargo, una lectura imprecisa de la norma puede exponer a las compañías a sanciones por contravención, recargos por mora e intereses moratorios. Resulta indispensable distinguir entre el traslado general del calendario impositivo, el régimen de exclusión de responsabilidad por fuerza mayor y aquellas obligaciones fiscales que conservan intactos sus plazos originales.

Nuevo calendario excepcional para Declaraciones Juradas Determinativas

En su artículo 1.º, la Resolución General DNIT N.º 60/2026 dispone el traslado excepcional de las fechas de vencimiento correspondientes al mes de noviembre de 2026 únicamente para la presentación de Declaraciones Juradas Determinativas y el pago de los impuestos respectivos (tales como el IVA o el IRE, según corresponda), conforme a la terminación del RUC:

  • Terminación de RUC 0 y 1: del 9 de noviembre al 16 de noviembre de 2026.
  • Terminación de RUC 2: del 11 de noviembre al 17 de noviembre de 2026.
  • Terminación de RUC 3: del 13 de noviembre al 17 de noviembre de 2026.
  • Terminación de RUC 4: del 16 de noviembre al 19 de noviembre de 2026.
  • Terminación de RUC 5: del 17 de noviembre al 19 de noviembre de 2026.
  • Terminación de RUC 6: del 19 de noviembre al 23 de noviembre de 2026.
  • Terminación de RUC 7: del 23 de noviembre al 24 de noviembre de 2026.
  • Terminación de RUC 8: del 23 de noviembre al 25 de noviembre de 2026.
  • Terminación de RUC 9: del 25 de noviembre al 26 de noviembre de 2026.

Obligaciones tributarias que NO fueron prorrogadas

El punto de mayor riesgo operativo para los departamentos contables y financieros radica en el artículo 2.º de la resolución. La administración tributaria establece expresamente que el traslado del calendario de noviembre no alcanza a las siguientes obligaciones, las cuales mantienen sus vencimientos ordinarios conforme a la Resolución General N.º 38/2020:

Declaraciones Juradas Informativas: incluyendo el registro mensual de comprobantes (RG N.º 90/2021) y demás reportes informativos periódicos.

Retenciones tributarias: tanto la presentación de la declaración jurada como el ingreso efectivo de las retenciones practicadas en carácter de agente de retención.

Anticipos de impuestos: cuotas de anticipos del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) u otros tributos sujetos a este régimen.

Facilidades de pago vigentes: cuotas de fraccionamientos o acuerdos de pago previamente suscritos con la administración.

Asumir erróneamente que la prórroga abarca la totalidad del calendario fiscal de noviembre derivará automáticamente en la generación de accesorios legales y la pérdida de beneficios en planes de facilidades de pago.

Exclusión de responsabilidad por fuerza mayor y medidas aduaneras

Para aquellos contribuyentes y operadores que demuestren una afectación directa por la indisponibilidad de fondos depositados en la entidad bancaria en resolución, la RG DNIT N.º 60/2026 habilita un mecanismo específico de exclusión de responsabilidad por fuerza mayor, cuya solicitud podrá presentarse hasta el 4 de diciembre de 2026.

La admisión de este pedido no extingue la deuda tributaria, pero produce efectos jurídicos relevantes para la continuidad operativa de la empresa:

Fijación de nuevos vencimientos sin recargos: se establecen nuevas fechas de cumplimiento sin aplicación de multas por mora ni intereses moratorios, con posibilidad de extensión hasta el 29 de enero de 2027.

Continuidad documental y fiscal: durante la tramitación, la DNIT podrá emitir el Certificado de Cumplimiento Tributario con observaciones y autorizar el timbrado e impresión de comprobantes de venta.

Diferimiento y resguardo en operaciones aduaneras: para importadores, exportadores y despachantes de aduana afectados, se habilita el diferimiento de obligaciones aduaneras hasta el cierre del ejercicio, suspendiéndose además la ejecución de garantías y la inhabilitación o suspensión en los registros de operadores de comercio exterior.

Cabe advertir que la normativa incorpora una cláusula estricta de control: si la administración comprobara falsedad en las circunstancias declaradas o el intento de incluir obligaciones ajenas a la indisponibilidad bancaria, la solicitud quedará sin efecto de pleno derecho, reactivándose la totalidad de las sanciones.

Recomendaciones de cumplimiento preventivo para empresas

Desde una perspectiva de gestión de riesgos fiscales, las empresas deben auditar de inmediato su matriz de vencimientos de noviembre para separar las declaraciones determinativas de aquellas obligaciones excluidas del beneficio (especialmente retenciones y registros informativos). Asimismo, quienes opten por invocar la causal de fuerza mayor deberán documentar fehacientemente los saldos inmovilizados al 2 de noviembre de 2026 y su vinculación directa con las obligaciones declaradas.

En Pasmor Abogados asistimos a empresas nacionales e internacionales en la estructuración de presentaciones ante la DNIT, revisión de cumplimiento tributario y defensa preventiva frente a contingencias fiscales y aduaneras.

1. Lo que realmente dijo

En su audiencia de confirmación ante el Senado el 9 de noviembre, Jorge Schreiner no presentó un informe técnico ni una prueba judicial. Presentó una interpretación:

“Su negocio no es bancario, es capturar millones de datos biométricos de las personas para tener una base de datos del país y luego hacer negocios. Esos no eran banqueros, eran gente administradora de base de datos.”

Y lo ilustró con una anécdota personal: le dijo a su hija que no diera su cara en una Expo porque ese dato tiene valor.

Eso es potente retóricamente, pero hay que leerlo en su contexto: era su audiencia para ser confirmado como presidente del BCP. Necesitaba mostrarse duro, distinto a la gestión anterior, y eximir a los senadores de responsabilidad por nombrarlo.

2. Lo que sí está probado

  • Ueno fue intervenido después de que el BCP detectara el 2 de noviembre que su capital cayó muy por debajo del mínimo legal.
  • Tenía más de 3 millones de clientes y administraba cerca de 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos más de 300 millones del IPS.
  • Para abrir cuentas y operar, Ueno — como todos los bancos — pedía reconocimiento facial, huella y validación de identidad. Eso en sí mismo no es ilegal: es parte del KYC que exige el sistema financiero.

El problema no es que pidieran la cara. El problema es para qué, dónde se guardó, quién más la usó y quién la custodia ahora.

3. Donde la tesis de Schreiner tiene fuerza

Acá es donde su crítica sí es criteriosa y no solo discurso:

a) La biometría no se cambia.

Si te roban la contraseña, la cambiás. Si te roban la cara, la huella o el iris, no tenés cómo cambiarlos. Por eso es un dato mucho más sensible que un número de cédula.

b) Ueno no era solo un banco.

Era parte del Grupo Vázquez, con empresas de pagos, eventos, expos, retail. Si el mismo dato biométrico capturado para “abrir una cuenta” se usó para entrar a una Expo, pagar en un evento o alimentar otras empresas del grupo, ahí sí deja de ser banca y pasa a ser lo que Schreiner dice: administración de una base de datos nacional.

c) Paraguay está desprotegido legalmente.

La Ley Nº 7593/2025 de protección de datos personales todavía no entró en vigencia. Hoy solo rige la Ley N° 6534/2020, pensada para historial crediticio, no para biometría. Es decir, hoy nadie puede garantizarte con claridad qué pasa con esos 3 millones de rostros.

d) La custodia quedó en el limbo.

La información quedó en manos de los interventores del BCP, pero no hay un protocolo público, auditable, sobre borrado, anonimización o transferencia de esa base.

4. Donde hay que poner freno

  • No hay pruebas públicas de venta o uso comercial de esa base. Hasta ahora, como reconocen varios medios, no existen pruebas públicas que demuestren ese negocio paralelo. Schreiner expresó una valoración, no una conclusión judicial.
  • No confundir con teorías conspirativas. En redes, el debate ya se contaminó con especulaciones sobre Israel, Palantir, Agenda 2030, etc. Nada de eso lo dijo Schreiner ni está probado. Eso desvía la discusión real.
  • Todos los bancos y tu celular también te piden la cara. La diferencia no es la tecnología, es la gobernanza: consentimiento informado, finalidad limitada, separación entre empresas, auditoría y derecho a eliminar tu dato.

Mi opinión criteriosa

Schreiner tiene razón en el diagnóstico de fondo, aunque exagera en la forma por el momento político.

No se trata de si Ueno era “malo” por usar reconocimiento facial. Se trata de que Paraguay permitió que una empresa privada acumulara, sin una ley de datos vigente y sin un regulador con capacidad informática real, la base biométrica más grande del país, y que cuando el banco cayó, nadie sabía quién era dueño de esa base.

La pregunta que queda no es si Schreiner tiene razón retóricamente. Es esta:

¿Quién borra, audita y responde por los datos biométricos de 3 millones de paraguayos ahora que Ueno ya no existe?

Mientras eso no tenga una respuesta pública, con plazos y responsables con nombre y apellido, su frase va a seguir siendo cierta en lo más importante: el riesgo no era solo financiero, era de identidad.

Lo que SÍ está en la ley

La ley que aplica acá no es solo la 861/96, es la Ley N.º 2334/03 de Garantía de Depósitos y Resolución de Entidades.

Ahí sí existe:

    • Un Plan de Regularización cuando un banco tiene problemas de solvencia, encaje, etc.
    • Un Procedimiento de Resolución que se inicia cuando el banco incurre en una causal. Una de esas causales es justamente: «insuficiencia en el índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido»

La Ley N.º 2334/03 y los mecanismos de resolución bancaria

Lo que SÍ está en la ley

La ley que aplica acá no es solo la 861/96, es la Ley N.º 2334/03 de Garantía de Depósitos y Resolución de Entidades.

Ahí sí existe:

  • Un Plan de Regularización cuando un banco tiene problemas de solvencia, encaje, etc.
  • Un Procedimiento de Resolución que se inicia cuando el banco incurre en una causal. Una de esas causales es justamente: «insuficiencia en el índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido»
  • Y también existe un capítulo entero sobre «Procedimientos Especiales en Supuestos de Riesgos Sistémicos»

Un banco sistémico es una institución financiera cuyo tamaño, complejidad e interconexión con el resto del mercado son tan grandes que su posible quiebra pondría en riesgo la estabilidad de todo el sistema financiero.

A estos bancos se les conoce en inglés con la famosa frase «too big to fail» (demasiado grandes para quebrar).

La gente se queda con la 861/96 que es la Ley General de Bancos, pero la que regula , cuándo se interviene y se cierra un banco es la Ley N.º textualmente lo que se hace es:

1. Plan de Regularización – Art. 6° Ley 2334/03

Cuando una entidad tiene problemas de solvencia, liquidez, encaje legal, etc., está obligada a presentar un Plan de Regularización a satisfacción de la Superintendencia de Bancos. Es el paso previo y obligatorio antes de cualquier resolución. Si el plan se rechaza o no se cumple, ya es causal para resolver.

2. Procedimiento de Resolución y causales – Art. 13° Ley 2334/03

Son causales de resolución, entre otras:

«b) insuficiencia en el índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido en la Ley»

No es una interpretación, es una causal taxativa. Otras causales son la suspensión de pagos y la revocatoria de autorización.

3. Procedimientos Especiales en Supuestos de Riesgos Sistémicos

La misma Ley 2334/03 trae un capítulo entero de mecanismos para que la caída de un banco no se lleve puesto a todo el sistema: transferencia de activos y pasivos a otra entidad sana, constitución de fideicomisos para titularizar cartera, pago a través del Fondo de Garantía de Depósitos, etc.

El caso Ueno y la aplicación del régimen de resolución

En el caso Ueno, lo que el BCP hizo fue aplicar justamente este régimen: verifica la causal del Art. 13, hace el balance de exclusión y resuelve. Lo penal -si hubo o no créditos injustificados a vinculadas- va por carril separado y es donde entra la presunción de inocencia

Ley N.º 2334/03 – Garantía de Depósitos y Resolución de Entidades

Ley N.º 2334/03 – Garantía de Depósitos y Resolución de Entidades

En el entorno empresarial actual, donde la coyuntura política y los recientes ajustes en el sistema financiero local generan legítimas interrogantes entre los tomadores de decisiones, resulta fundamental analizar la situación desde una perspectiva técnica y estructural. En Pasmor Abogados, acompañamos a capitales internacionales y corporaciones multinacionales en la evaluación objetiva de riesgos mediante nuestro servicio de Derecho Internacional e Inversión Extranjera, diferenciando los eventos de corto plazo de los pilares jurídicos que sostienen la operativa empresarial en el país.

El análisis técnico del ordenamiento legal paraguayo demuestra que los instrumentos diseñados para atraer y proteger la inversión extranjera en Paraguay mantienen plena vigencia, operatividad y blindaje institucional, con independencia de los ciclos políticos o administrativos.

Coyuntura actual frente a fundamentos macroeconómicos y legales

Para cualquier directorio o comité de inversiones, es indispensable distinguir entre la volatilidad coyuntural y la estabilidad estructural. Los episodios recientes en el ámbito político y la intervención de entidades específicas dentro del sistema financiero responden a situaciones focalizadas que están siendo gestionadas dentro de los cauces institucionales y regulatorios vigentes, bajo la supervisión de órganos técnicos como el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

A diferencia de otras jurisdicciones de la región, Paraguay ha construido durante las últimas décadas una arquitectura legal orientada a aislar los proyectos productivos de las fluctuaciones políticas. Esta separación se sustenta en leyes especiales de rango nacional que otorgan derechos adquiridos, reglas fiscales predecibles y garantías de trato igualitario entre el capital nacional y el extranjero.

Blindaje jurídico de los regímenes especiales de inversión

Los principales vehículos de fomento a la inversión en Paraguay no dependen de decisiones discrecionales de turno, sino de marcos normativos consolidados que establecen compromisos formales por parte del Estado paraguayo:

  • Ley N.º 60/90 (Régimen de Incentivos Fiscales para la Inversión): Las resoluciones biministeriales que aprueban proyectos bajo este régimen constituyen actos administrativos firmes que otorgan exoneraciones específicas, tales como el IVA en la importación de bienes de capital, aranceles aduaneros y tributos sobre remesas de dividendos al exterior bajo ciertos parámetros. Una vez otorgados, estos beneficios gozan de estabilidad frente a cambios reglamentarios posteriores.
  • Régimen de Maquila (Ley N.º 1064/97): Diseñado para la producción de bienes y servicios con destino a la exportación, este sistema opera bajo contratos aprobados por el Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME). Su estructura impositiva, basada en un tributo único del 1%, y sus mecanismos de suspensión temporal de aranceles funcionan mediante procesos aduaneros estandarizados que continúan operando con normalidad.
  • Régimen de Zonas Francas (Ley N.º 523/95): Ofrece uno de los niveles más altos de seguridad jurídica y contractual en el país. Los concesionarios y usuarios de zonas francas suscriben contratos que garantizan la invariabilidad tributaria durante todo el plazo de la concesión, blindando las operaciones comerciales, industriales y de servicios frente a eventuales modificaciones impositivas generales.

Garantías constitucionales y protección internacional del capital

Más allá de los regímenes de incentivos sectoriales, la protección patrimonial para el inversor extranjero en Paraguay se apoya en tres niveles normativos fundamentales:

  1. Garantía de no discriminación y libre circulación de capitales: La Ley N.º 117/91 de Inversiones garantiza al inversor extranjero los mismos derechos y obligaciones que al inversor nacional, asegurando la libre repatriación de capitales, utilidades y dividendos, así como el acceso irrestricto al mercado libre de cambios.
  2. Red de Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y Convenios para Evitar la Doble Imposición (CDI): Paraguay forma parte de acuerdos internacionales que protegen las inversiones contra expropiaciones arbitrarias y habilitan mecanismos de resolución de controversias mediante arbitraje internacional, ofreciendo una instancia neutral fuera de la jurisdicción local.
  3. Ley de Garantía de Inversiones (Ley N.º 5542/15): Para proyectos de gran envergadura, esta normativa permite suscribir contratos específicos con el Estado que aseguran la invariabilidad de las tasas del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) por un período de hasta diez años, prorrogable según el monto de la inversión.

Recomendaciones de gestión preventiva y cumplimiento normativo

Si bien el marco legal ofrece sólidas garantías de continuidad, la coyuntura exige que las empresas extranjeras refuercen sus protocolos internos de control y cumplimiento normativo. Para lograr una adecuada protección patrimonial y optimizar la estructura operativa, es recomendable articular estrategias integrales junto con un equipo especializado en Derecho Corporativo, Comercial y Financiero que supervise los siguientes aspectos críticos:

Auditoría de cumplimiento de cronogramas: Verificar que la ejecución de proyectos aprobados bajo la Ley 60/90 o Maquila cumpla estrictamente con los plazos e informes exigidos por los ministerios competentes, evitando causales administrativas de revocación de beneficios.

Diversificación y debida diligencia financiera: Revisar la exposición bancaria de la compañía en el mercado local, priorizando entidades financieras de primer nivel y asegurando que los flujos de entrada y salida de divisas cuenten con el respaldo documental exigido por las normativas de prevención de lavado de activos.

Revisión contractual y societaria: Mantener actualizados los libros societarios, poderes y estructuras de gobierno corporativo para garantizar agilidad operativa ante cualquier requerimiento regulatorio o bancario.

La solidez institucional de los regímenes de inversión en Paraguay radica en su diseño técnico y en el respeto histórico al cumplimiento de las obligaciones contractuales del Estado. Para las corporaciones internacionales, el escenario actual no representa una alteración de las reglas de juego de largo plazo, sino un llamado a operar con mayor rigor en materia de gobierno corporativo y asesoramiento preventivo especializado.

La convergencia entre la tributación interna y la gestión aduanera en Paraguay ha dado un paso decisivo hacia la transformación digital. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) inició formalmente el plan piloto para la integración de la Factura Electrónica de Exportación dentro del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN) y los procedimientos del despacho aduanero de salida.

Esta medida representa una evolución crítica para el esquema de comercio internacional en el país, orientada a unificar los registros fiscales y aduaneros en tiempo real, garantizando la trazabilidad integral de las mercancías de exportación desde la emisión del comprobante hasta la oficialización del despacho.

¿En qué consiste el Plan Piloto de la Factura Electrónica de Exportación?

Hasta el momento, los procesos de exportación requerían la emisión de documentación comercial y tributaria que posteriormente debía ser validada e ingresada manualmente a los sistemas de gestión aduanera. Con la implementación del plan piloto, la DNIT habilita el uso de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) con la tipología específica para operaciones de exportación.

El objetivo central es automatizar la validación del comprobante de venta electrónica con la declaración detallada de exportación mediante la transmisión electrónica inmediata de datos entre el SIFEN y la Gerencia General de Aduanas.

Puntos Clave del Esquema Técnico

  • Interoperabilidad directa: La transmisión de la factura en formato XML alimentará automáticamente la información del despacho aduanero de salida, reduciendo discrepancias en la descripción, partida arancelaria y valor FOB de los bienes.
  • Firma digital y validez jurídica: Los comprobantes electrónicos emitidos dentro de este esquema cuentan con plena validez legal mediante firma digital calificada, garantizando la inalterabilidad de los datos.
  • Disminución de tiempos de canal: Al estar la factura validada en SIFEN antes del arribo a los recintos aduaneros, se optimiza la asignación de canales de selectividad (verde, naranja o rojo) y se reduce el tiempo de despacho en puerto.

Requisitos y Preparación Operativa para Empresas Exportadoras

Aunque el proyecto inicia bajo la modalidad de prueba controlada con un grupo de empresas voluntarias y designadas, la proyección de la DNIT contempla la obligatoriedad progresiva del uso de la Factura Electrónica de Exportación para todo el sector exportador.

Las empresas que operan en los regímenes de exportación definitiva o Regímenes Especiales de Comercio Exterior deben considerar la siguiente hoja de ruta de adecuación:

  1. Homologación de software de facturación: Actualizar o adaptar el sistema ERP/facturador corporativo para cumplir con la versión del manual técnico de SIFEN vigente para comprobantes de exportación, contemplando los campos obligatorios para monedas extranjeras, Incoterms 2020 y códigos de país de destino.
  2. Obtención de Certificado Digital: Contar con la firma digital habilitada por prestadores acreditados ante el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y registrados en la DNIT.
  3. Coordinación entre Comercio Exterior y Contabilidad: Unificar los criterios de codificación y valoración de mercancías entre el área contable/fiscal y los despachantes de aduana a cargo del registro aduanero.

Impacto en el Cumplimiento Fiscal y Corporativo

La unificación de información bajo la órbita de la DNIT incrementa exponencialmente la capacidad de control cruzado automatizado por parte de la autoridad fiscal. La discrepancia entre los valores declarados en el SIFEN y los consignados en la declaración aduanera de exportación genera inconsistencias inmediatas que pueden pausar el trámite de desaduanamiento o activar procesos de fiscalización posterior.

Asimismo, el uso riguroso de la Factura Electrónica de Exportación es un insumo indispensable para la posterior devolución o acreditación acelerada de créditos fiscales (IVA exportador), reduciendo las observaciones administrativas causadas por errores materiales o de tipeo en las facturas tradicionales.

Para profundizar en los marcos regulatorios aplicables al comercio exterior, las empresas pueden revisar los requisitos de derecho aduanero para la habilitación de operadores y la adecuada aplicación de regímenes especiales, o bien consultar las normativas tributarias e institucionales vigentes directamente en la plataforma oficial de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Paraguay ha consolidado su posicionamiento en los mercados financieros internacionales como un destino de inversión highly atractivo y resiliente. El informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Viceministerio de Economía y Planificación destaca que el país mantiene calificaciones soberanas dentro del Grado de Inversión (Baa3 por Moody’s y BBB- por Standard & Poor’s), además de mantener una perspectiva positiva en la escala BB+ por Fitch Ratings.

Para corporaciones multinacionales, fondos de inversión y capitales transfronterizos, este estatus no solo representa una reducción del riesgo país y menores costos de financiamiento, sino también la exigencia de una estructuración legal impecable que permita aprovechar las ventajas competitivas de la economía paraguaya.

Factores estructurales del atractivo de inversión en Paraguay

Según el Programa de Relacionamiento con Inversionistas y el Panorama Macroeconómico publicado por el MEF, la economía paraguaya ofrece ventajas comparativas clave frente a la región:

  • Régimen Fiscal Competitivo: Una de las presiones impositivas más bajas y eficientes de América Latina, con tasas corporativas e indirectas simples que fomentan la formalización y la rentabilidad empresarial.
  • Costos Energéticos y Competitividad Operativa: Disponibilidad de energía limpia, renovable y de bajo costo en comparación con otros países de la región, idónea para industrias de alto consumo y proyectos agroindustriales o tecnológicos.
  • Estabilidad Macroeconómica y Reglas Claras: Políticas monetarias y fiscales orientadas a la previsibilidad, con metas de inflación sostenibles y disciplina fiscal respaldada por el Marco Macro-Fiscal del Estado.
  • Bono Demográfico: Fuerza laboral mayoritariamente joven, en expansión y disponible para integrarse a procesos productivos y de servicios.

Calificación soberana y su impacto en los contratos corporativos

La evaluación de las agencias internacionales refleja la resiliencia económica frente a shocks externos y valida la efectividad de las políticas públicas. Para el entorno corporativo y bancario, el Grado de Inversión implica impactos directos en la estructuración de proyectos:

Estructuración de Financiamiento Internacional: Facilita el acceso a líneas de crédito del exterior a tasas de interés más competitivas y con plazos extendidos para proyectos de infraestructura, bienes raíces e industria.

Garantías y Mitigación de Riesgos en Contratos: Exige a los inversores adecuar sus contratos de sociedad (como las alianzas estratégicas y Joint Ventures en Paraguay) y cláusulas de resolución de controversias (arbitraje internacional) a estándares globales.

Cumplimiento Normativo y Governance: Incrementa la exigencia sobre las empresas locales de mantener un sólido programa de compliance corporativo en Paraguay, prevención de lavado de dinero y la correcta revelación de información financiera contable.

Acompañamiento legal especializado para inversores en Paraguay

Si bien la coyuntura macroeconómica y las calificaciones soberanas abren amplias oportunidades de mercado, el éxito de las inversiones transfronterizas depende del estricto cumplimiento de los regímenes de incentivos (como la Ley 60/90 y Zonas Francas), la estructuración de la gobernanza corporativa y el blindaje tributario previo.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) confirmó recientemente la recaudación y regularización de más de G. 149.265 millones en deudas pendientes a través de la Gerencia General de Impuestos Internos (GGII). Este hito tributario se ha logrado mediante la aplicación del Decreto N.º 5154/2025, una medida gubernamental destinada a otorgar facilidades excepcionales para el cumplimiento de obligaciones fiscales atrasadas.

El uso extensivo de este régimen extraordinario refleja tanto la firmeza del control fiscal mediante cruces informáticos automatizados como la necesidad de las empresas de sanear su situación tributaria antes del cierre del ejercicio contable.

¿En qué consisten los regímenes temporales de facilidades de pago?

Los esquemas extraordinarios de regularización tributaria permiten a los contribuyentes (personas físicas y jurídicas) ponerse al día con el Fisco bajo condiciones financieras preferenciales. Entre los beneficios de estas medidas destacan:

  • Reducción o exoneración de recargos e intereses moratorios: Disminución sustancial de los costos accesorios derivados del atraso en el pago de impuestos.
  • Fraccionamientos con tasas de interés acomodadas: Planes de pago extendidos que se adaptan al flujo de caja operativo de las unidades de negocio.
  • Suspensión de acciones de cobro coactivo: Frenado temporal de procesos de ejecución o medidas cautelares promovidas por la abogacía del Tesoro u órganos administrativos.

A través de estos incentivos, la DNIT busca recuperar recursos fiscales de manera ágil al tiempo que promueve la formalización contable del sector privado.

Implicancias legales para la gestión corporativa

Aunque estos Decretos ofrecen un alivio financiero inmediato, la adscripción a un plan de facilidades de pago implica un reconocimiento expreso de la deuda tributaria. Por ello, la decisión no debe tomarse únicamente desde el departamento administrativo o contable, sino con el debido asesoramiento legal corporativo.

Antes de solicitar la regularización, las empresas deben considerar:

Determinar la firmeza del crédito fiscal: Evaluar si la deuda reclamada por la DNIT proviene de una liquidación correcta o si deviene de una determinación de oficio recurrible mediante recursos administrativos o del fuero contencioso-administrativo.

Prescripción de las obligaciones: Verificar si parte de los ejercicios fiscales demandados se encuentran prescriptos de acuerdo con los plazos previstos en la Ley N.º 6380/19.

Cumplimiento de compromisos asumidos: El incumplimiento de una sola cuota del plan de facilidades puede acarrear la caducidad del beneficio y el reinicio de las gestiones de cobro coactivo con los recargos originales.

En el entorno fiscal altamente fiscalizado de la DNIT, mantener la certeza jurídica y el certificado de cumplimiento tributario al día es indispensable para operar con normalidad comercial, acceder al sistema financiero y participar en licitaciones públicas.

Aprovechar las facilidades que otorga el marco normativo actual es una decisión estratégica. Si desea revisar la situación fiscal de su compañía o evaluar la viabilidad de un plan de pagos, le invitamos a ponerse en contacto con el equipo legal para agendar una consulta técnica especializada.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) ha intensificado los controles sobre el pago de regalías e intangibles (marcas, patentes, software y know-how) a casas matrices o vinculadas en el exterior, exigiendo sustancia económica y soporte documental estricto para su deducibilidad en el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE).

Sustento legal en la DINAPI

  • Registro de marcas y patentes: El activo debe estar registrado ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) para ser reconocido legalmente en Paraguay; la falta de registro compromete su deducibilidad fiscal.
  • Inscripción de contratos: Los acuerdos de licencia, asistencia técnica o transferencia de tecnología deben estar formalizados e inscritos en la DINAPI para probar la vigencia y proporcionalidad del cobro.

Precios de transferencia y principio Arm’s Length

Análisis DEMPE: No basta con la propiedad legal de la matriz. La empresa debe probar quién desarrolla, mantiene, protege y explota (DEMPE) el intangible para justificar el pago.

Valor de mercado: La tarifa (royalty rate) debe responder a comparables fiables según los métodos de Precios de Transferencia aplicables en el país (p. ej., CUP o TNMM).

Documentación probatoria clave (Defense File)

Contrato formal: Documento legalizado/apostillado con reglas claras de cálculo del canon.

Prueba de uso real: Trazabilidad operativa (registros de usuarios, reportes técnicos, campañas publicitarias) que demuestren que el intangible generó rentas gravadas.

Retenciones al día: Comprobantes del pago en la fuente del IRNR e IVA por importación de servicios.

Estudio técnico de Precios de Transferencia: Informe que respalde la razonabilidad de las operaciones intercompañía.

Auditar periódicamente el estado de los registros ante DINAPI y construir un expediente de defensa contable y operacional ante eventuales fiscalizaciones de la DNIT.

Para profundizar en el análisis fiscal de las regalías y la propiedad intelectual en Paraguay, consulte también el contenido de Pasmor Abogados sobre la deducción fiscal de regalías en el IRE y su impacto en los contratos de propiedad intelectual.

El Banco Central del Paraguay (BCP) ha presentado oficialmente la nueva familia de billetes del guaraní, marcando una reforma integral y actualización monetaria clave tras más de seis décadas. Si bien la medida representa un avance en materia de seguridad, accesibilidad e identidad cultural, su implementación exige un análisis preventivo desde el punto de vista del derecho bancario, la regulación financiera y el cumplimiento normativo para empresas y entidades sujetas a control.

Modificaciones en el cono monetario y especificaciones técnicas

El BCP confirmó la conservación del cono monetario actual, manteniendo las seis denominaciones en circulación: G. 2.000, G. 5.000, G. 10.000, G. 20.000, G. 50.000 y G. 100.000. No obstante, la emisión introduce cambios estructurales en sus soportes y dimensiones:

Inclusión del sustrato de polímero: La denominación de G. 10.000 migra a polímero plásticos, uniéndose a los billetes de G. 2.000 y G. 5.000. Los billetes de mayor valor (G. 20.000, G. 50.000 y G. 100.000) mantendrán el sustrato de algodón de alta resistencia.

Longitud progresiva e inclusión: Aunque todos los billetes conservan un ancho uniforme de 6,7 cm, adoptan un largo diferenciado y progresivo según su valor nominal (comenzando en 12,5 cm para el de G. 2.000), facilitando la identificación para personas con discapacidad visual.

Tecnología antifraude: Se incorporan elementos de seguridad de última generación, como tintas ópticamente variables, marcas de agua avanzadas y tramas táctiles en relieve.

Simbolismo e identidad: Las piezas incluyen figuras históricas, expresiones del patrimonio inmaterial paraguayo (como el tereré, el ñandutí o el poncho para’i) y ecorregiones representativas de la biodiversidad nacional en sus reversos.

Marco legal: Coexistencia y curso legal

De acuerdo con lo establecido por la banca matriz, la introducción de los nuevos billetes se realizará bajo un esquema de coexistencia con la serie anterior.

Validez plena: Los billetes tradicionales mantendrán su poder liberatorio y curso legal estricto en todo el territorio nacional de forma simultánea a la entrada progresiva de los nuevos ejemplares.

Transición gradual: Los comercios, bancos y entidades financieras están legalmente obligados a aceptar ambas series para la cancelación de obligaciones monetarias, evitando cualquier tipo de rechazo intencionado o recargo infundado.

Impacto operativo y legal para las empresas

La adecuación de los medios de pago no solo abarca aspectos logísticos, sino también implicancias en la gestión de riesgos y sistemas informáticos:

Calibración de equipos y ATMs: Las empresas del sector financiero, estaciones de servicio, cadenas retail y administradoras de cajeros automáticos deberán programar la actualización de los sensores ópticos y mecánicos en sus terminales automáticas para procesar la nueva longitud de los billetes y el nuevo sustrato del billete de G. 10.000.

Prevención de Fraude y Compliance: Los programas de prevención de activos y control interno deben actualizar sus protocolos de autenticación física para capacitar al personal de caja en el reconocimiento rápido de las nuevas marcas de seguridad. Para profundizar en la gestión de riesgos corporativos y normativas de prevención, puede consultar nuestro análisis sobre Compliance Corporativo en Paraguay.

Fuentes externas e información oficial

Banco Central del Paraguay (BCP).